La Audiencia pide los movimientos bancarios en el caso de las primarias del PP

La Audiencia Provincial de Salamanca ha aceptado parcialmente el recurso presentado por Foro de Izquierdas Los Verdes contra el auto del Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca en el que rechazaba una serie de pruebas en el procedimiento abierto por presuntas coacciones, financiación ilegal y falsedad en el Partido Popular de Salamanca en el proceso de primarias que permitieron a Mañueco llegar a la presidencia regional del partido.

La Audiencia rectifica al juzgado de Instrucción y pide que los bancos presenten los estados de las cuentas del partido relativas a las donaciones e ingresos de las cuotas de los afiliados, que declaren 32 testigos que presentaron una declaración jurada y que el juez de instrucción despreció, así como el presidente provincial del partido, Javier Iglesias, y del militante César Gómez Barthe y Celada, que trabajó como lazarillo para el exconcejal Enrique Sánchez Guijo.

En sus fundamentos jurídicos, la Audiencia Provincial indica que «no deja de llamar la atención el hecho de que la Gerente del PP de Salamanca, en su declaración, advierta que la documentación aportada no fue elaborada por ella, sino que le vino dada por los dirigentes del partido, desconoce los criterios que se podrían haber seguido para efectuar la distribución del importe adeudado por los afiliados morosos para solicitar de otros miembros del partido la realización de aportaciones dinerarias para cubrir esa deuda; dice desconocer las declaraciones juradas aportadas a las actuaciones, ya que nunca le dieron cuenta de ese dinero, aunque llegó a enterarse de ello y considera que está documentado como cuotas, si bien no fue ella la que procedió a la distribución, desconociendo la identidad de los afiliados beneficiarios».

Así las cosas, y con independencia de las valoraciones que en el recurso de apelación se efectúan, cosiera «evidente que la declaración de la Gerente fue poco clarificadora y ello justificaría una posterior declaración de la misma en la que, previamente informada del contenido de la documentación aportada por el partido, pueda aclarar las múltiples dudas que esa documentación presentada sin perjuicio de que declaren aquellas personas que realmente se ocuparon de elaborar la documentación aportada al órgano jurisdiccional, dado su mayor conocimiento de los criterios seguidos y contenido de esa documentación».

Por ello considera «procedente» que se solicite de las entidades bancarias «los estados de las cuentas del partido relativas a las donaciones e ingresos de las cuotas de los afiliados, si bien, con el objeto de respetar lo acordado en el auto de esta Audiencia Provincial, deberá procederse por el Letrado de la Administración de Justicia a la anonimización de los datos relativos a los distintos afiliados, que podrán quedar identificados mediante un número correlativo o, como ha acordado el Juzgado de Instrucción, con las iniciales y los últimos números de su documento nacional de identidad y la letra correspondiente».

Por otra parte, se considera relevante, a efectos de la investigación que se está llevando a cabo, la declaración de aquellas personas que, libre y voluntariamente, han aportado al órgano jurisdiccional declaraciones juradas haciendo referencia a la entrega en metálico de determinadas cantidades de dinero con la finalidad del pago de cuotas adeudadas por los afiliados para facilitar su participación en el proceso electoral interno.

En este caso, y una vez desvelada su identidad, y con independencia de la condición personal de los mismos, «que en algunos casos puede suponer su aforamiento, por el momento declararán tan sólo como testigos, si bien asistidos de letrado y sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en su día, pues la declaración se demuestra relevante, a efectos de aclarar suficientemente la forma en la que se realizó y si se cumplió lo dispuesto en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, permitiendo a la acusación el conocimiento de estas circunstancias y la posibilidad de intervenir en el interrogatorio con pleno ejercicio del derecho de contradicción».

La Audiencia afirma que «si algo queda claro, es la opacidad en las operaciones llevadas a cabo para poner al día las cuotas de los afiliados morosos y permitirles así su participación en el proceso electoral interno que se iba a celebrar de forma inmediata».

Por ello, se considera necesaria la práctica de la prueba requerir a la Gerente del partido o persona responsable que tenga su cargo la documentación oportuna, para que presente, en los plazos indicados, los números de las tres cuentas bancarias y entidad en los que están abiertas durante 2017 las cuentas de ingreso de cuotas de afiliados, donaciones y otras aportaciones y extractos de las mismas, con su correspondiente anonimización.

También, y una vez facilitados por el partido los datos de las cuentas bancarias abiertas para ingresos de cuotas de afiliados, donaciones y otras aportaciones, pide que las entidades bancarias faciliten esa documentación de forma reservada para que el Letrado de la Administración de Justicia proceda a su cotejo con la facilitada por el partido y a la anonimización de los datos de los afiliados, que quedarán identificados con sus iniciales y el último número y letra de su DNI.

Se considera «igualmente pertinente la testifical de las 32 personas identificadas en las declaraciones juradas aportadas».

También considera «pertinente» la declaración en calidad de testigos, asistidos de letrado, de Javier Iglesias García y César Gómez Barthe y Celada, el primero por su responsabilidad al frente del partido y posible conocimiento de los hechos y el segundo, militante del PP salmantino, por ser necesario que complete la declaración prestada inicialmente ante la información incorporada a la causa.