El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, pidió este miércoles al Defensor del Pueblo que recurra los últimos cambios en el impuesto que grava el Patrimonio y consideró que es un tributo “confiscatorio” que se debe “suprimir”.
Ical.- Así lo dijo en unas declaraciones a los medios de comunicación en el marco de la reunión junto al presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, al que le presentaron un escrito para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el aumento del tipo marginal máximo del 2,5 al 3,5 por ciento recogido en el artículo 66 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Garamendi puntualizó: «En ningún caso estamos diciendo que no haya que pagar impuestos” o que “el que más gane no pague más, de hecho lo compartimos, pero no entendemos” el aumento en el impuesto de Patrimonio, que grava ahorro que ya ha tributado por otras figuras, “cuando realmente nos dicen que deberíamos ahorrar”.
Agregó que este impuesto no existe en ningún otro país europeo, que es “confiscatorio, “no favorece la creación de riqueza ni el ahorro” y “lo que hay que hacer es suprimirlo”.
Sánchez Llibre se pronunció en la misma línea, afirmando que dicho impuesto es “injusto” y “atenta contra la libertad y la propiedad privada”. Advirtió de que habrá contribuyentes que para pagarlo “tienen que vender una parte importante de su patrimonio”.
Además, señaló que si se elimina “también acabaremos con el ‘dumping fiscal’ sobre este impuesto” y confió en que el Defensor del Pueblo plantee el recurso de inconstitucionalidad que piden.