[dropcap]P[/dropcap]ese a disponer de mayoría absoluta -raspada, pero absoluta- más de año y medio ha tardado el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en dotarse de sus primeros Presupuestos. Con la excusa de que tampoco había nuevos Presupuestos Generales del Estado, incumplió en octubre de 2.019 su obligación estatutaria de presentar los de la Junta, optando por prorrogar las últimas cuentas aprobadas durante el mandato de Juan Vicente Herrera, que correspondían a 2018, ya que el anterior gobierno autonómico decidió asimismo pasar de presentar nuevo Presupuesto para 2019.
Toda esta inhibición, por no decir pasotismo, de ambos gobiernos, el de Herrera y el de Mañueco, ha obligado a la Junta a afrontar la crisis sanitaria y financiera sobrevenida a causa del Covid con unas cuentas absolutamente desfasadas e insuficientes para dar respuesta a la pandemia. Esta lamentable precariedad, trampeada a base de los acostumbrados parcheos de la Hacienda autonómica, se subsana en parte, solo en parte, con los Presupuestos de 2021 aprobados por fin esta semana por el pleno de las Cortes.
Unos Presupuestos que simplemente capean el temporal y que parten del creciente lastre que supone el progresivo endeudamiento de la comunidad, cuyo coste (amortización e intereses) se cifra en 1.423 millones de euros, nada menos que el 11,58 por ciento del total de los 12.291 millones presupuestados. Solamente las consejerías de Sanidad (4.365 millones) y Educación (2.360) cuentan con mayor dotación de lo que cuesta la deuda. Familia (1.081) y todas las demás disponen de menos recursos de los que succiona un endeudamiento que supera los 13.000 millones de euros, el 23 por ciento del PIB regional.Por mucho que el aparato propagandístico de la Junta se obstine en calificarlos de “históricos” por la simple circunstancia de que su montante marca un nuevo techo -solo faltaba que no fuera así después de tres años de prórroga y, por tanto congelación, de su cuantía-, los nuevos Presupuestos no constituyen ninguna panacea. Son unas cuentas continuistas que, más allá de dotar de mayores recursos a las consejerías más directamente afectadas por la situación de emergencia sanitaria y social, cuya dotación crece gracias a los Fondos extraordinarios anti Covid inyectados por el gobierno central, ni son expansivos en cuanto a inversión pública ni enfrentan unos graves problemas estructurales (desplome demográfico, desequilibrios territoriales internos, alarmante descohesión social y política) que se están cronificando y llevan camino de convertirse en endémicos.
Un procurador sospechosamente mimado por el PP.- Políticamente, los Presupuestos han salido adelante con un voto más de los 41 que suman PP y Ciudadanos, el aportado por Pedro J. Pascual, procurador de “Por Ávila” (XAV), el partido provincial creado a partir de una escisión del PP abulense. Dos de las únicas ocho enmiendas parciales aceptadas por la mayoría de gobierno, que ha aplicado el “rodillo” al resto de las cerca de 2.000 mantenidas por los grupos de oposición, procedían de este procurador abulense, al que el PP viene cortejando desde que empezó la legislatura.
Sea como fuere, el PP viene siendo muy condescendiente con Pascual y ello a pesar de que éste -médico destinado en el servicio de Urgencias del hospital abulense- no se ha cortado nunca un pelo a la hora de juzgar la actuación de la Junta respecto a la crisis sanitaria, económica y social originada por el Covid-19. “No digan que han agotado el margen, pueden hacer más. Y no hagan una Sanidad política, hagan política sanitaria”, le espetó a Mañueco en la última comparecencia parlamentaria del presidente sobre la pandemia. Y ello después de haber calificado de “parches, malos parches” las medidas aplicadas por la Junta y de manifestar el hartazgo de los profesionales sanitarios: “Están, estamos, hartos y muy cansados, física y psicológicamente”. Y quizá no tanto pensando en una posible reunificación política entre ambas fuerzas –difícil, dado el fuerte encontronazo tenido entre el líder de la formación y actual alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, con el mismísimo Pablo Casado, que en su momento originó el cisma al vetarle como candidato del PP a la alcaldía- como contemplando el posible escenario de que su voto llegue a ser imprescindible para mantener la mayoría parlamentaria que sustenta al gobierno Mañueco.
En todo caso, la aprobación de los Presupuestos se daba por descontada y ha constituido un mero trámite en medio del paréntesis político abierto a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde vigente en Castilla y León desde el pasado 16 de enero. En ese fallo del alto tribunal se juega mucho el presidente -responsable único de esa medida, adoptada en su condición de “Autoridad Delegada” para el estado de alarma- y todo su gobierno, especialmente, el vicepresidente Igea, acérrimo defensor de ese adelanto y de la maniobra política que ha conllevado.
Por el contrario, si el tribunal tumba la medida, Mañueco, y con él Igea, van a salir muy desairados de su arriesgada maniobra. Habrán restringido por las bravas, sin fundamento legal, un derecho fundamental a la ciudadanía de Castilla y León, con el agravante de que será la segunda vez que lo hacen, ya que en su día el Tribunal Superior de Justicia desautorizó el toque de queda implantado igualmente por las bravas el pasado 24 de octubre, fecha en la que ni siquiera estaba decretado el estado de alarma nacional. Y es muy probable que la Junta tenga que hacer frente a un aluvión de reclamaciones legales de lucro cesante presentadas por los hosteleros y comerciantes damnificados por una restricción aplicada sin base legal. Más allá de sus consecuencias prácticas, que desde el minuto uno han sido irrelevantes en cuanto a la evolución epidemiológica en nuestra comunidad, la resolución que dicte el Supremo no admite término medio, equivale a lo que en términos se conoce como faena de hule (enfermería) o puerta grande. Si avala la intrépida decisión de Mañueco, éste pasará por ser el presidente de comunidad más aguerrido y audaz en su lucha contra la pandemia, por mucho que la medida tuviera el espurio objetivo de servir como maniobra de distracción y cortina de humo para desviar la atención de los catastróficos efectos derivados de la irresponsable estrategia de la Junta conducente a “salvar las Navidades”.
Naturalmente, Mañueco e Igea alegarán -ya lo han venido haciendo, curándose en salud- que por encima de la legalidad conculcada estaba el objetivo superior de «salvar vidas». Pero si de verdad se trataba de salvar vidas, la Junta tenía en su mano toda una panoplia de medidas más eficaces, sin ir más lejos las adoptadas por la Xunta de Galicia en todo su territorio el pasado 26 de enero, similares a las que la Junta adoptaba una semana después tan solo para 53 municipios que representaban el 7 por ciento de la población de esta comunidad. Y aparte de socavar las bases del Estado de Derecho, el argumento de “salvar vidas” es además completamente falaz, ya que, si algo demuestran los datos, es que el adelanto del toque de queda no ha tenido efecto alguno en la evolución epidemiológica de la comunidad.
Si el Supremo tumba el adelanto del toque de queda, Mañueco e Igea van a quedar aún más debilitados ante las direcciones nacionales de sus respectivos partidos, aunque también es cierto que, por suerte para ellos, los desastrosos resultados que se esperan del PP y Ciudadanos en las elecciones catalanas, tampoco van a dejar en la mejor situación a Pablo Casado e Inés Arrimadas. Los datos están ahí y son perfectamente verificables. El 15 de enero, víspera del adelanto, Castilla y León tenía un Incidencia Acumulada de 696 casos a 14 días, siendo entonces la séptima comunidad autónoma con peor situación epidemiológica en un momento en el que el índice estatal se cifraba en 575 casos. 25 días después, esta comunidad ocupa el segundo lugar en ese ranking, con una IA a fecha de hoy de 656 casos, 160 más que el promedio nacional, situado ahora en 496. Las seis comunidades que el 15 enero presentaban peor situación han reducido su tasa de incidencia en mayor medida que Castilla y León. Extremadura ha pasado de 1.220 a 324 casos, Murcia de 889 a 364, Castilla La Mancha de 780 a 504, Valencia de 760 a 690, Rioja de 738 a 574 y Madrid de 698 a 626. El adelanto del toque de queda no impidió que en nuestra comunidad la IA se disparara hasta los 1.417 casos, pico que se alcanzó el pasado 28 de enero (justo cuando, con los centros culturales de la Junta cerrados a los ciudadanos, acababan de finalizar las cinco galas del programa televisivo “Prodigios” grabadas en el auditorio “Miguel Delibes” durante los ocho días precedentes, enésimo ejemplo de la impostura política mantenida por el gobierno Mañueco desde el mismo inicio de la pandemia).
