La Junta de Castilla y León limita a las 20.00 horas las actividades, servicios y apertura de establecimientos -incluido hostelería y el comercio-, excepto todo lo considerado esencial, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19 y reducir los contactos entre las personas. Mañana se publicará el mismo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
ICAL. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, compareció horas después de conocerse el auto del Tribunal Supremo que admite la medida cautelar solicitada por el Gobierno para suspender la aplicación del adelanto del toque de queda a las 20.00 horas en la Comunidad, vigente desde hace un mes.
En ese sentido, el presidente de la Junta informó de la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario de forma telemática para adoptar una nueva medida, al tiempo que acordó de nuevo situar la restricción de la movilidad nocturna entre las 22.00 horas y las 06.00 horas.
“Asumimos la decisión del Tribunal Supremo y también insistimos en que el toque de queda ha sido uno de los elementos fundamentales para frenar la pandemia”, afirmó el presidente de la Comunidad, que destacó que de forma inmediata, tras conocer el auto, firmó un acuerdo para dar el “debido cumplimiento” al mismo. “Siempre he dicho, que somos garantes y cumplidores del estado de derecho”, apostilló.
El presidente de la Junta de Castilla y León firmó un acuerdo con fecha 15 de enero, que fijó a las 20.00 horas como hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno dentro de las medidas para frenar la propagación del Covid-19 en esta tercera ola de la pandemia.
También Fernández Mañueco reclamó una modificación de la normativa sanitaria para no tener que recurrir al estado de alarma, al tiempo que avanzó que solicitará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes.
Tras presentar un recurso el Gobierno, en el que solicitó medidas cautelares, el Ejecutivo autonómico argumentó que priorizaba el derecho a la vida en sus alegaciones y defendió que esta medida era necesaria para reducir los contagios. También expuso que esta decisión se adoptó para proteger la vida -conforme a una sentencia del Tribunal Constitucional- y hacer el menor daño a la economía.
