CSIF remite un escrito a la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, para solicitar que se implementen mejoras en la atención del alumnado con necesidades especiales. Según se indica, “la atención a la diversidad se establece como un principio fundamental que debe regir toda la enseñanza”, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades, así como una necesidad que abarca a todas las etapas educativas, algo que no es un objetivo meramente teórico, sino que es algo que viene recogido en la normativa educativa vigente desde la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
Para alcanzar tal fin, CSIF reclama al Gobierno autonómico que aumente los recursos personales y materiales disponibles, para cumplir las ratios establecidas por la UNESCO. En la actualidad, Castilla y León se sitúa muy por encima de lo recomendado por dicho organismo internacional, que establece un marco ideal mínimo de un orientador educativo por cada 250 alumnos.
La reciente Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), que modificó la LOE, hace referencia explícita a la necesidad de dotar de recursos a los centros educativos en el ámbito de la educación diversa, una demanda que CSIF hace llegar a la Junta de Castilla y León para lograr alcanzar una educación plenamente inclusiva. Desde el sindicato se considera que es el momento para negociar mejoras en este ámbito.
La Comunidad se encuentra en pleno desarrollo del II Plan de Atención a la Diversidad 2017-2022, plan sobre el que CSIF ha exigido en reiteradas ocasiones información en Mesa Sectorial de Educación, y cuyo desarrollo ha demandado negociar en varias ocasiones. Desde el sindicato, se indica que la atención a la diversidad es crucial para un buen sistema educativo y que se consolide como compensador de desigualdades.
“El objetivo último de la educación es dar a cada alumno y alumna lo que necesita, y eso solo se consigue con el profesorado necesario para facilitar la atención individualizada”, defiende la presidenta del sector autonómico de Educación en CSIF Castilla y León, Isabel Madruga. La escasez de recursos en este ámbito dificulta el tratamiento adecuado de cada caso, e impide llevar a cabo las labores de prevención para la detección precoz. Además, la labor de los especialistas de atención a la diversidad requiere actuaciones que en muchos casos se realizan fuera del horario laboral, añade.
Desajustes en la atención
CSIF considera que el cambio de leyes educativas ha traído consigo un desajuste en la atención a la diversidad. Desde la aparición de la integración en las aulas, las ratios de los maestros y maestras de Audición y Leguaje (AL) y Pedagogía Terapéutica (PT) se han regido por el número de ACNEES (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales). En la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, se incluía a todo el alumnado que presentaba dificultades por su historia personal, escolar, por discapacidad o trastornos graves de conducta; sin embargo, en la actualidad el término ACNEE hace referencia exclusivamente a los alumnos que presentan algún tipo de discapacidad o trastorno grave de conducta.
Dicha reducción conlleva que el resto de los ACNEAE (Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) como los ANCE (Alumnos con Necesidades de Compensación Educativa), los de Altas Capacidades Intelectuales, los que presentan dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento académico, y los TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), no computen a la hora de establecer las ratios del alumnado que tiene que ser atendido según sus necesidades por estos especialistas.
Además, la Instrucción de 24 de agosto de 2017 de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, por la que se modifica la Instrucción de 9 julio de 2015 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, excluía de forma unilateral y sin información previa -algo que ha sido denunciado por CSIF en vía judicial- al alumnado con TDAH, en el procedimiento de recogida y tratamiento de los datos relativos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Para Madruga, “cada alumno y alumna escolarizado en los centros públicos de Castilla y León, que deba recibir una atención directa por parte de los especialistas de AL y PT, tiene que computar para determinar el número de docentes asignados a cada centro educativo y la ratio con la que tienen que trabajar, independientemente del grupo de ACNEAE al que pertenezca, pues todo el alumnado que presenta algún tipo de necesidad educativa específica, debe participar de una intervención educativa por parte del profesorado especializado en la atención a la diversidad”.
Según CSIF, la inclusión de este alumnado provocaría que se obtuviesen los datos reales, lo que evidenciaría la necesidad de reducir las ratios y aumentar las plantillas de estos especialistas. Dicha medida ayudaría a reducir los frecuentes ámbitos de itinerancia, y permitiría que los centros pudiesen avanzar hacia una verdadera inclusión educativa, en la que se ofrezcan las oportunidades para que todos los alumnos tengan éxito en una escuela ordinaria, lo que redundaría en el beneficio de toda la sociedad.
