[dropcap]C[/dropcap]omo era de rigor, el durísimo varapalo propinado a Alfonso Fernández Mañueco –y por extensión a la Junta de Castilla y León- por el Tribunal Supremo ha dejado seriamente tocado al bipartito PP-Cs que desde julio de 2019 ocupa (gobernar sería mucho decir) el gobierno de esta maltrecha comunidad autónoma. Ha sido la gota que ha desbordado el vaso de un modo de gobernar que, tanto en su fondo como en su forma, ha colmado la paciencia de importantes, crecientes y heterogéneos sectores, así como la de una silenciosa mayoría de ciudadanos hartos de soportar tanta ineptitud, mendacidad, prepotencia e irresponsabilidad en el desempeño de sus obligaciones públicas.
Esta es la hora, por ejemplo, en que, transcurrida una semana desde el demoledor auto del Supremo, el presidente de la Junta no se ha dignado en ofrecer la menor disculpa por los perjuicios causados -de entrada, la privación horaria de la libertad ciudadana de circulación- al imponer una medida claramente encuadrable en el tipo penal de la prevaricación.
Una moción inviable.- Sin embargo, salvo que se tratara de una moción puramente testimonial –presentada, como la de Vox contra el gobierno de la nación, sin ninguna posibilidad de prosperar- la iniciativa carece de viabilidad. Y no es el caso, ya que la propia Sánchez ha dejado claro que solo se presentaría si contara con los apoyos necesarios para salir adelante. A partir de ahí, dicha moción constituye una quimera, ya que solo prosperaría si se sumara a ella Ciudadanos. Hasta tal extremo ha tocado fondo el gobierno sustentado sobre el nefando tándem que el presidente comparte con el vicepresidente Francisco Igea que ha encontrado caldo de cultivo la hipótesis de una posible moción de censura promovida por el PSOE, no se olvide el partido más votado en las elecciones autonómicas, en las que se adjudicó 35 de los 81 escaños de que consta la Cámara autonómica (el PP dispone de 29 y Ciudadanos de 12, sumando entre ambos los 41 que marcan la mayoría absoluta). La hipótesis ha cobrado carta de naturaleza después de que la secretaria de Organización de los socialistas, Ana Sánchez, haya admitido que dicha opción no está descartada
Aunque en Italia se ha dado algún amago de ello, no se conoce el caso de que un partido apoye una moción de censura para derribar a un gobierno del que forma parte. Otra cosa es que ese partido decidiera previamente desvincularse del gobierno en cuestión, dimitiendo de forma irrevocable de las responsabilidades que viene ejerciendo. Y no se contempla que el vicepresidente Igea y los tres consejeros que integran con él la cuota naranja de la Junta vayan a hacerse el harakiri de renunciar a sus cargos por considerarse incompatibles con Mañueco y el PP.
La otra opción sería que fuera la dirección nacional de Ciudadanos la que forzara esa crisis, obligando al cuarteto Igea-Amigo-Casado-Ortega a dimitir de sus cargos para suscribir a continuación una moción de censura compartida con los socialistas que diera paso a un gobierno bipartito PSOE-Cs presidido por Luis Tudanca. Hipótesis inverosímil en las actuales circunstancias por varias e insalvables razones.Todo lo contrario: A diferencia de lo que sucede en la comunidad de Madrid, el gobierno de Castilla y León constituye una piña sin la menor discrepancia programática o ideológica (al punto que en no pocas ocasiones los teóricamente centristas, y en especial Igea, desbordan al PP por su derecha). Por ahí no hay nada que rascar.
La principal y definitiva es que Inés Arrimadas carece en estos momentos de la fortaleza política requerida para permitirse una pirueta que supondría todo un vuelco en la política de pactos sellada con el PP en el ámbito autonómico y municipal. El coste de esa operación es hoy por hoy inasumible para la presidenta de Ciudadanos, convaleciente del tremendo descalabro sufrido en Cataluña. Y si quedaba alguna duda, ayer mismo vimos como la portavoz del partido, Melisa Rodríguez, se apresuraba a rechazar por completo esa posibilidad, cargando contra el PSOE por alentar en plena pandemia una crisis institucional de ese alcance.
La opción viable.-Descartada, por inviable, la posibilidad de una moción de censura, existe por el contrario otra hipótesis perfectamente factible. La de que Arrimadas aproveche el fuerte deterioro del gobierno Mañueco y el absoluto descrédito de Igea y de los otros tres consejeros de Ciudadanos, para plantear al presidente de la Junta el relevo de dicho cuarteto y su sustitución por otros tantos elementos de Ciudadanos afines a la dirección nacional, con la coordinadora autonómica, Gemma Villarroel, a la cabeza.
Estos son los posibles escenarios alternativos que se plantean ante una situación, la del actual gobierno de la comunidad, cada día más insostenible. Personalmente, pienso que, más pronto que tarde, Arrimadas forzará la salida de Igea y del trío Amigo-Casado-Ortega (como mucho se salvaría de la quema únicamente este último, por su insignificación política) y su relevo por Villarroel y otros afines a la cúpula nacional de Ciudadanos. Se me antoja tan inevitable como inaplazable. En esa tesitura, Mañueco no tendría otro remedio que pasar por el aro y agradecer a Igea y compañía los dudosos servicios prestados. A no ser, claro está, que se liara la manta a la cabeza y decidiera ejercer su prerrogativa estatutaria de disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, algo que pondría los pelos de punta a Pablo Casado. En otro momento, esta última opción ni se contemplaría, por resultar descabellada, pero vista la deriva por la que se viene deslizando el presidente de la Junta, no habría que descartarla por completo. Ni que decir tiene que en unos eventuales comicios anticipados Ciudadanos quedaría reducido a la mínima expresión y que Vox se constituiría en tercera fuerza política sin cuyo apoyo el PP no dispondría de la mayoría necesaria para gobernar.
