Un sindiós. No se me ocurre otra palabra para describir el caos que reina en el seno de la Junta en lo que a la pandemia se refiere. Un día después de una tormentosa reunión en la que el vicepresidente Igea y la consejera Casado torcieron el brazo al presidente Mañueco, aparecen en escena dos consejeros del PP “incompetentes” en la materia para anunciar por su cuenta cosa distinta a la acordada en la jornada anterior. De locos.
Los consejeros de Presidencia y Fomento aprovecharon ayer sendos actos públicos fuera de Valladolid para enmendar la plana a Igea, que el lunes había informado de los nuevos criterios, los enésimos desde el inicio de la pandemia, a aplicar en la desescalada de las restricciones impuestas por la tercera ola. Ángel “Rompetechos” Ibáñez se mostró convencido que el próximo lunes la Junta levantará en parte las restricciones que pesan sobre la hostelería, el comercio, los centros deportivos, los gimnasios y las salas de juego, dando por hecho que para entonces se cumplirán los ratios de ocupación de las UCIs de los que informó el vicepresidente.
Y otro tanto hizo Juan Carlos “Rey Sol” Suárez-Quiñones, quien concretó que a las cero horas del lunes Castilla y León entrará en una fase de desescalada que permitirá relajar las restricciones a los niveles anunciados por Ibáñez. Estas declaraciones de “Rompetechos” y “Rey Sol” han sembrado la lógica confusión, ya que, si bien puede darse por seguro que la ocupación media de las UCIs habrá bajado del 35 por ciento fijado el lunes, ni por asomo se cumplirá el porcentaje del 25 establecido para cada provincia (Soria estaba ayer en un 80 por ciento, Valladolid en un 45, Zamora en el 42, Palencia en el 40, Burgos en el 39 y Segovia en el 38. Únicamente Ávila y Salamanca, que están ya por debajo del 25, y previsiblemente León, que está en el 30, cumplirían el próximo lunes dicho requisito).
Cabe interpretar que ambos consejeros han querido calmar los ánimos de los sectores damnificados, que están que trinan con la decisión de fijar ahora como criterio decisorio el de la ocupación de las UCIs en lugar del de la incidencia acumulada (IA), que está ya prácticamente por debajo de los 200 casos en 14 días en todas las provincias, excepto en Soria, donde sigue superando los 400.
Y no son los únicos discrepantes con dicho criterio, ya que el presidente de la Diputación y del PP de Ávila, Carlos García, manifestó ayer su rotundo rechazo, entre otras razones porque penaliza a las provincias con menor ratio de camas UCI. Es el segundo presidente de Diputación que discrepa públicamente de los criterios aplicados para fijar las restricciones, ya que el de Valladolid, Conrado Iscar, también del PP, mostró su disconformidad con las medidas excepcionales impuestas a primeros de febrero a determinados municipios vallisoletanos.
La verdad es que los cambiantes palos de ciego de la Junta, que ya no sabe si mata o espanta, son para desconcertar al más pintado. Habiéndose basado hasta ahora en criterios básicamente epidemiológicos, la Junta inició el pasado 26 de noviembre una temeraria desescalada en un momento en el que Castilla y León era la comunidad autónoma con mayor tasa de IA, con más 700 casos en los últimos 14 días. Se iniciaba la operación “salvar las Navidades” que tan fatales consecuencias iba a acarrear.
Ahora, con una IA de 165 casos, el vicepresidente y la consejera (la misma que después de Reyes reconoció que “si no relajamos las restricciones en Navidad, los hosteleros nos matan”) se ponen duros, ateniéndose exclusivamente a la ocupación de las UCIS. A propósito, ¿qué fue del comité de sedicentes expertos que supuestamente -nunca ha sido así- marcaba la pauta de las restricciones? ¿Ande andarán?
