La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) dio este miércoles un paso más en las acciones judiciales emprendidas contra el ‘decretazo’ impuesto por la Junta al personal sanitario. Si el mes pasado, presentó una demanda ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha sido admitida a trámite, este miércoles hizo lo propio en la Audiencia de Valladolid, al considerar que el Ejecutivo autonómico ha «impuesto», de manera improvisada, arbitraria e injusta, el Decreto 2/2020 que regula la organización y trabajo de los 40.000 empleados públicos de Sacyl.
ICAL. El presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, quien fue el encargado de presentar la demanda, acusó a la Junta de dejar a los «pies de los caballos» a los trabajadores de la sanidad pública. En este sentido, acusó al vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, de ser el «artífice» del ‘decretazo’.
Después de lamentar que la administración autonómica aprobara el decreto sin diálogo y lo que, a su juicio es más grave, «rompiendo lo que se negociaba» durante diez días, imploró y exigió a la Junta que se siente a hablar y haga valer lo recogido en la Constitución como es la negociación colectiva como la herramienta fundamental en la resolución de conflictos y en la organización de los trabajadores públicos. Eso sí, apuntó que esa negociación está «ausente» por la postura de la administración.
Castro subrayó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que «no todo vale» durante la pandemia como es la modificación de las condiciones básicas de los empleados de Sacyl como es el traslado «forzoso» de los sanitarios interinos aunque también hay fijos, como ha ocurrido con la apertura de Edificio Rondilla de Valladolid para la atención de enfermos de Covid procedentes de todas las provincias de la Comunidad. CSIF denunció que el ‘decretazo’ también faculta a las gerencias de cada área a modificar los descansos y libranzas de los profesionales en función de las necesidades del sistema.
«Al sentarnos a negociar, entendemos que algo hay que hacer porque las plantillas están en cuadro en un momento de crisis, entre otras cosas por la mala política de recursos humanos llevada a cabo en los últimos años, pero las decisiones se deben adoptar de forma negociada», añadió.
El responsable sindical cargó contra la Junta por tratar de esta manera a unos empleados que han dado «lo mejor de sí mismo» en momentos muy duros, poniendo «en brete» sus vidas y la de sus familias. «No merecen ese trato», sentenció. En el mismo sentido se pronunció la presidenta de CSIF Valladolid y portavoz de Sanidad en el sindicato, María José San Román, quien consideró que el trato «denigrante» no es la forma de «pagar» a los sanitarios el esfuerzo que realizan para luchar contra la pandemia.
San Román dejó claro que el personal de Sacyl no se ha negado, en ningún momento, a trabajar. «Al principio se nos aplaudía por nuestra labor y no podemos pasar de héroes a villanos. No somos malos, somos trabajadores», aseveró. El sindicato desconoce el número de traslados que ha motivado el ‘decretazo’ ya que la Consejería de Sanidad practica un «ocultismo» de los datos y sin haber creado, previamente, una bolsa de voluntarios.
Preguntado por el hecho de presentar la demanda de manera individual y no junto a otros sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, el presidente autonómico de CSIF respondió que cada organización tiene su estrategia y que su central ha optado por presentar una demanda hoy, después de que fuera admitida a trámite en el Tribunal Supremo. «Seguro que todos los sindicatos estarán encantados de que esta demanda salga adelante», manifestó.
Tasas «abusivas» de temporalidad
Benjamín Castro aprovechó para ir al fondo del asunto y criticar que esta situación es fruto de la «mala» gestión de los Recursos Humanos, con una alta precariedad del empleo en la sanidad pública y unas tasas «abusivas» de temporalidad, que puede alcanzar el 50 por ciento en Atención Primaria.
En este sentido, apostó por «ambiciosas» ofertas de empleo público que cubran las necesidades en determinadas especialidades y «adecuadas» relaciones de puestos de trabajo (RPT) en todos los centros de trabajo. También mencionó los bajos salarios en Castilla y León, que motiva la fuga del talento con profesionales que se van a trabajar a otras comunidades y países de fuera.
