La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha asumido ya la tutela de los primeros diez menores migrantes que llegaron en la tarde de este 10 de marzo a Castilla y León procedentes de Canarias.
Se trata de nueve niños y una niña, que han sido acogidos en dos centros de León y Palencia (cinco en cada provincia). Dos de los menores tienen 13 años, uno tiene 14 años, cuatro tienen 15 años y tres tienen 16 años.
La titular del área, Isabel Blanco, firmó el pasado 1 de marzo un protocolo de actuación con su homóloga canaria, Noemí Santana, para ordenar el procedimiento de traslado y garantizar la mejor atención de los adolescentes en todo momento.
La Junta hace efectivo así su compromiso solidario de cooperación y auxilio al Gobierno insular, que había reclamado ayuda para afrontar la crisis migratoria –agudizada desde la declaración de la emergencia sanitaria–, tras advertir del colapso de sus sistemas públicos de atención integral a menores.
Conforme al protocolo establecido, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias se ha hecho cargo de la gestión del desplazamiento y ha proporcionado la documentación necesaria para que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León pueda asumir de forma segura la tutela de los niños.
Documentación
Los expedientes de los menores incorporan datos de carácter personal, acreditativos de su identidad y de los trámites realizados para su obtención, así como las comunicaciones que hayan podido existir con el Registro de Extranjeros o cualquier otra autoridad administrativa. También se ha requerido la aportación de prueba de edad, informe social –donde se detallen las intervenciones sociales practicadas– e informe médico –con las pruebas realizadas–. Finalmente, se ha solicitado prueba reciente de detección del SARS-CoV-2 y la fecha en la que se hizo.
Disponer de esta información es imprescindible para garantizar que cada adolescente reciba una atención integral personalizada, adaptada a sus circunstancias, e integradora, en tanto la Junta, como administración tutelante, debe procurarles los medios y la formación necesaria para que pueden desarrollar su propio proyecto de vida cuando alcancen la edad adulta.
Cabe recordar que Castilla y León fue uno de los primeros gobiernos autonómicos en atender la petición de apoyo de Canarias a finales del pasado año, ofreciéndose a albergar en el territorio autonómico a 25 menores migrantes. El mes pasado, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 eligió a esta Comunidad para pilotar los primeros traslados de adolescentes desde las islas hasta la Península.
Traslados escalonados
Los detalles para hacer efectivos dichos desplazamientos, siempre garantizando la máxima protección de los menores, se han ido perfilando en las diversas reuniones de trabajo entre los Gobiernos de Castilla y León y Canarias, que se han concretado en el protocolo de actuación firmado por las dos consejeras con competencias en servicios sociales.
En dicho acuerdo se determina que los traslados de los 25 menores se harán de forma fraccionada en el tiempo. Por este motivo, la Junta continúa trabajando en la identificación de posibles centros de acogida para estos menores, y prevé que Zamora pueda ser otro de los destinos de los adolescentes. De este modo, todas las provincias de Castilla y León, a excepción de Soria, estarán prestando cobertura a migrantes que no han alcanzado la mayoría de edad.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha reservado presupuesto para afrontar los gastos derivados de su atención, a la espera de que el Ministerio cuantifique la financiación que va a aportar a la Comunidad y determine cuándo hará efectivo el traspaso de estos fondos.
Castilla y León ha sido siempre un territorio solidario y de acogida. En 2018, el Gobierno autonómico prestó apoyo a 133 menores extranjeros no acompañados, y en 2019 este número se elevó a 153. En el último año, atendió a 88 adolescentes migrantes a través de los recursos habilitados en cinco provincias (Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid), cuatro de ellas niñas. A 31 de diciembre, 29 de ellos seguían en el territorio autonómico.
