Los sindicatos mayoritarios en la representación de los empleados públicos de Castilla y León, UGT, CCOO y CSIF, anunciaron este jueves movilizaciones para el lunes en los principales centros sanitarios de todas las provincias de la Comunidad, a excepción de Palencia donde se producirán el martes, para denunciar la “ilegalidad” del acuerdo alcanzado por la Consejería de Sanidad con Satse, ante lo que no descartan acudir a los tribunales bajo la premisa de lograr la equiparación salarial de “todos los empleados públicos” de la Comunidad.
Ical.- En una rueda de prensa conjunta celebrada por los tres sindicatos, comenzó el turno de intervenciones el presidente de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en Castilla y León, Benjamín Castro, quien calificó como “falso acuerdo” el anunciado la semana pasada por la consejera de Sanidad con el Sindicato de Enfermería Satse, al “saltarse el Estatuto básico de los Trabajadores, el del empleado público y la Constitución”.
“Pedimos al Gobierno de la Junta que abandone la vía de la unilateralidad y vuelva al camino del diálogo, la norma y el Estado de Derecho”, explicó Castro, para quien, con el acuerdo anunciado la semana pasada, no solo se genera “incertidumbre” en los empleados públicos de la Comunidad sino también “frustración”, y la Junta pasa de “retorcer la ley, como hicieron con el decreto 2/2020 con el que vejaron a los empleados públicos sanitarios, a directamente abandonarla” al negociar el acuerdo “fuera de los caminos que están tasados en la ley”.
Y es que, como recordó la coordinadora del Área Pública de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León, Elena Calderón, la negociación de los incrementos retributivos “se tiene que producir en la Mesa General de negociación de los empleados públicos”, donde los tres sindicatos convocantes de las movilizaciones son “representantes legítimos” y frente a los que la Junta “ha vulnerado el derecho a la negociación” para beneficiar “a unos pocos” perjudicando, con ello, a “la gran mayoría de los empleados públicos, que han sufrido un trato despectivo y discriminatorio” con le acuerdo entre Junta y Satse.
Por todo ello, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores en Castilla y León (FSP-UGT CyL), Tomás Pérez Urueña, anunció movilizaciones el lunes, a las 11.30 horas en las puertas de los centros sanitarios de todas las provincias de la Comunidad salvo Palencia, donde las movilizaciones se realizarán el martes por “un problema con los permisos”.
“No estamos en contra de la equiparación de ningún grupo, ni en contra de ningún sector, sino a favor de la equiparación de todos y de que se trate a todos los empleados públicos por igual”, explicó Tomás Pérez Urueña, quien criticó el acuerdo por “humillar a quien lo firma y al resto de empleados públicos” y por “dividir y discriminar quien tiene que tratar a todo el mundo por igual”, en relación al Gobierno autonómico, a quien afeó no negociar con los sindicatos mayoritarios en la mesa, ironizando: “Si gobierna quien no gana, pues es normal que lleguen a pactos con quien no representa”.
Vinculación moción de censura
Precisamente sobre la vinculación del acuerdo con la actualidad política autonómica habló Pérez Urueña, quien se mostró receloso de la “prisa” del Gobierno autonómico por alcanzar el pacto con el Sindicato de Enfermería Satse al señalar que, aunque había un anuncio de huelga, las propias organizaciones hoy convocantes de la rueda de prensa hicieron “hace más de un año una huelga por las 35 horas y no nos dieron una peseta”.
“¿Les preocupaba un pepino una huelga general y una sectorial les importa mucho?”, se preguntaba Pérez Urueña, para quien el acuerdo se puede explicar porque “a lo mejor necesitaban anunciarlo antes de la moción de censura” y, en ese sentido, recordó que la secretaria general del sindicato firmante del acuerdo, Satse, es la hermana de una de las procuradoras de Ciudadanos que el lunes votó en contra de la moción de censura. “En la vida casualidades, pocas”, concluyó.
Reunión con Mañueco
Además de las movilizaciones anunciadas, los sindicatos también registraron dos escritos ante la Junta de Castilla y León. Por un lado, para pedir una reunión “urgente” con el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de quien quieren saber si está “de acuerdo con la desigualdad en la equiparación” y reclaman su “implicación” ante una negociación en la que, en relación al acuerdo con Satse, “parece que firma solo una parte del Gobierno”.
Por otro lado, también se solicitará una reunión de la Mesa General de los Empleados Públicos, “como les obliga la ley”, en la que los sindicatos esperan la presencia del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, como “interlocutor y negociador legítimo del propio Gobierno autonómico”, al que según CCOO, UGT y CSIF han dejado “a los pies de los caballos” con el acuerdo entre Satse y Sanidad de la pasada semana. No obstante, desde los sindicatos señalan que “si el que negocia es el vicepresidente Igea, tendremos que pedir su presencia”.
En cualquier caso, desde las tres organizaciones no descartan que, después de esas reuniones, se ponga en marcha “la vía de derecho” y acudan a los tribunales para denunciar un acuerdo que, al no publicarse, está dejando a los trabajadores públicos “indefensos” judicialmente y que, en todo caso, califican como “nulo de pleno derecho” por producirse “fuera de los foros de negociación tasados en el Estatuto básico del empleado público”.
“Que un Gobierno de una Comunidad Autónoma vaya por la vía de la ilegalidad y la unilateralidad es sorprendente”, denunciaron desde los tres sindicatos, ampliando la posibilidad además de sumar a las movilizaciones, ahora “en exclusiva” del personal de Sacyl, al resto de empleados públicos e incluso planteando la posibilidad de ir a la huelga: “Si es el camino, la haremos”.
Todo con el objetivo de lograr una equiparación salarial de los empleados públicos con la media nacional cuya necesidad los sindicatos consideraron “urgente” por el “trato discriminatorio” que los trabajadores de la Administración en la Comunidad están recibiendo “ya no solo entre ellos”, en relación al acuerdo de la semana pasada entre Satse y Sanidad, sino con regiones cercanas como Extremadura, donde los salarios de los empleados públicos suponen el 30 por ciento de los presupuestos mientras que en Castilla y León “no se llega al 16 por ciento”.
“Eso es discriminatorio y hay que ir en el camino de esa equiparación”, reiteraron los representantes sindicales, para quien la Junta está “maltratando a sus empleados públicos” y con acuerdos como el firmado con Satse solo se ponen “parches”. “Estamos por equilibrar todo”, sentenciaron desde las organizaciones sindicales, recordando que esa es “la función de un gobierno: gobernar para todos y no solo para unos pocos”.
