[dropcap]E[/dropcap]ntre los sectores que, lejos de ver reducida su actividad por causa de la pandemia, han encontrado en ella una coyuntura favorable habría que citar al de las empresas demoscópicas, más demandadas que nunca para sondear el cambiante estado de opinión sobre la gestión pública de la crisis sanitaria y económica que llevamos padeciendo desde marzo de 2020.
Si la volatibilidad del tablero político español ya venía siendo extremadamente elevada desde que irrumpieron en escena Ciudadanos y Podemos –basta recordar que el partido naranja llegó a ser hace tan solo tres años la primera fuerza en intención de voto-, el Covid 19 ha hecho aún más impredecible e inestable el panorama. De ahí el interés, y a la vez la complejidad, del trabajo demoscópico, máxime cuando hemos visto que la pandemia no es óbice incluso para convocar elecciones anticipadas si el gobernante de turno considera que puede salir reforzado de las urnas. Lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso, pero nadie duda que puede hacerlo Pedro Sánchez si, llegado el momento, estima que le conviene a él y a su partido.
Como no podía ser menos -el que paga manda- los resultados fueron muy satisfactorios para la Junta, cuya gestión en esa fase inicial de la pandemia gozaba, a tenor de ese sondeo, de un alto grado de confianza ciudadana. Pese a ello y contraviniendo su cacareado compromiso de trasparencia, el gobierno Mañueco mantuvo oculta dicha encuesta y solo informó de sus resultados después de que el digital ileon.com tuviera conocimiento de su existencia y recabara información al respecto. Ello permitió conocer una circunstancia un tanto peculiar: Aunque la iniciativa de realizar el sondeo había partido de la consejería de Presidencia, su contratación corrió a cargo de la de Fomento, que tan solo se limitó a financiarla, al punto de que, preguntado acerca del trabajo, reconoció que el mismo “no obraba en su poder” (sic). El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco tardó muy poco en encargar un sondeo sobre la gestión de la pandemia en Castilla y León. A finales del pasado junio se daban a conocer los resultados de una encuesta contratada tan solo un par de semanas después de que comenzara el confinamiento, ya que el trabajo de campo se realizó entre primeros de abril y primeros de mayo.
Desde entonces no se ha tenido conocimiento de ningún otro sondeo encargado por la Junta, lo cual obviamente no quiere decir que no haya podido existir. Sin ir más lejos, se desconoce quién encargó y pagó el sondeo difundido a primeros de noviembre por la agencia Ical (Grupo Promecal-Méndez Pozo). El trabajo, realizado por la compañía Sigma Dos, no se limitaba únicamente a la gestión de la pandemia, sino que incluía la valoración de los principales líderes autonómicos y nacionales en relación con el caso.
Le seguía en valoración el vicepresidente Francisco Igea, con un 4,6, puntuación superior a la del socialista Luis Tudanca, que con 4,3 era el mejor valorado de la oposición. Ningún político nacional llegaba al aprobado. Inés Arrimadas era la que más se aproximaba (4,6), por delante de Pablo Casado (4), Pedro Sánchez (3,8), Santiago Abascal (3,6) y Pablo Iglesias (2,6).“El sondeo de opinión al que ha tenido acceso Ical” (así lo presentaba la agencia) se basaba en un millar de entrevistas realizadas entre el 15 y 20 de octubre. Los resultados volvían a ser tan satisfactorios para la Junta (solamente el 18,8 por ciento de los encuestados valoraban su gestión negativamente) como demoledores para el gobierno Sánchez (el 54,4 la juzgaban negativa y no llegaban al 17 por ciento quienes la aprobaban). Fernández Mañueco era el único político de la comunidad que obtenía un aprobado (una nota de 5,1 sobre 10).
A mediados de diciembre se difundía otro sondeo realizado asimismo por Sigma Dos, en este caso contratado y pagado por Castilla y León Televisión, la televisión concesionaria de la única licencia televisiva adjudicada por la Junta, que contribuye a su subsistencia con una cuantiosa aportación económica anual. En esta ocasión el trabajo incluía una prospección sobre intención de voto, apartado que arrojaba datos extraordinariamente positivos para el Partido Popular, que volvería a ser el partido más votado en unas elecciones autonómicas (en las de 2019 el PSOE le aventajó en 3,3 puntos).
Ciudadanos perdería más de la mitad de los votos obtenidos en 2.019, al caer desde el 15,1 por ciento obtenido entonces a un 7,4. El principal beneficiario de su desplome sería Vox, que pasaría del 5,5 al 12,1 por ciento, convirtiéndose así en la tercera fuerza electoral en Castilla y León, puesto que ya consiguió en las últimas elecciones generales. Por último, Unidas Podemos conseguiría el 7,1 por ciento de los votos, porcentaje que venía a ser el mismo que sumaron por separado Podemos-Equo (4,96) e Izquierda Unida (2,29) en los últimos comicios autonómicos. De acuerdo con este nuevo sondeo, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 2 y el 9 de diciembre, el PP contaría con el respaldo del 37,1 por ciento de los votantes, un 5,2 por ciento más del 31,9 que registraron las urnas en 2019. Por el contrario, el PSOE sufría un retroceso de 3,5 puntos, al caer desde el 35,2 por ciento obtenido en las últimas autonómicas a un 31,7 por ciento, 5,4 puntos por debajo del PP.
Proyectados a escaños, el PP obtendría entre 34 y 38 (ahora tiene 29), el PSOE entre 28 y 32 (suma ahora con 35), Vox se adjudicaría entre 7 y 9 (solo tiene uno), C´s tan solo conservaría 3 de los 12 con los que contaba entonces (tras sonada fuga de María Montero ahora se ha quedado en 11) y UP tendría posibilidades de sumar dos a los dos que ahora tiene. Por su parte, la Unión del Pueblo Leonés mantendría su actual escaño.
Mañueco volvía a ser el político mejor valorado y el único que aprobaba, con una nota del 5,29, y lo más increíble de todo era que mientras Ciudadanos comenzaba a desplomarse, el vicepresidente Igea seguía siendo el segundo mejor valorado (4,69), por encima del socialista Luis Tudanca (4,47) y de todos los demás políticos sometidos a valoración de los 3.300 encuestados.
Y sería sumamente interesante conocer cómo se ha tomado la opinión pública esa serie de acontecimientos, como ha valorado la actuación de los principales actores políticos y, ya puestos, como habría evolucionado la intención de voto. ¿Cómo andaría de nota el presidente Mañueco tras el varapalo del Supremo y la moción de censura? ¿Seguiría siendo el ínclito Igea el segundo político mejor valorado? De ser cierto esto último, ¿aparecerían políticos con nota por debajo del cero? ¿Cuál sería en estos momentos el partido con mayor intención de voto? ¿Conservaría Ciudadanos algún procurador si ahora mismo se convocaran elecciones autonómicas? ¿Cuántos ganaría Vox?Desde entonces, no se conoce la existencia de ningún nuevo sondeo sobre la pandemia en Castilla y León, ya sea encargado por la propia Junta o por alguno de esos grupos de comunicación tan generosamente subvencionados con cargo al erario autonómico. Un apagón demoscópico ciertamente llamativo, habida cuenta de los muchos hitos a los que hemos asistido en los últimos meses. El episodio del temerario adelanto del toque de queda, su desautorización por el Tribunal Supremo y la presentación de la primera moción de censura en la historia de la actual comunidad son hechos suficientemente relevantes que no han sido testados demoscópicamente (al menos que sepamos).
Son preguntas que quedan sin respuesta y seguirán sin ella. Y no por falta de interés, sino porque el presumible resultado de los sondeos no sería el buscado por quienes habitualmente los contratan, ya sea la propia Junta o los grupos de comunicación mediatizados por las cuantiosas subvenciones de la Administración Autonómica. ¿O no?
