[dropcap]P[/dropcap]ues resulta que ando metido en consultas con abogados especialistas en la cosa empresarial. Quiero asesorarme sobre la forma de meter en un ERE colectivo, para salvar la empresa, a la clase política parlamentaria. Si yo pago sus nóminas, al menos tendré el derecho de decidir qué es lo mejor para mantener vivas mis expectativas como empleador.
Por otro lado, se me antoja que esta bandurria política que sufrimos experimente, en sus propias carnes, el dolor de tanto currante metido en la zozobra del tsunami económico que se cierne sobre la costa de nuestras intranquilidades. Y ha de mencionarse, en estas previsiones meteorológicas del desastre, a la gran montonera de empresarios pequeños y medianos que, hundidos en la marea nacional, andan a la deriva sin hacer pie en las playas de la esperanza.
Mientras escribo estas letras, el doctor Sánchez participa en el cuentacuentos televisivo con la nueva fábula de un proyecto galáctico universal económico que, según explica, por su relevancia pasará a la historia.
Tan ilusionante proyecto, obvia de donde va a salir el pastamen que, más allá del velero europeo cargado de promesas, es preciso para seguir manteniendo los resortes ambiguos del momio. No hay que ser muy docto para presuponer que, mientras nos cuentan maravillosas e idílicas cábalas, se está diseñando el nuevo atraco legal a nuestros bolsillos.
Y lo peor es que, mientras se vende humo, más de 2.500 jueces denuncian ante la Comisión Europea el peligro de «violación grave del Estado de Derecho» que estamos sufriendo en España. 2.500 jueces ponen el dedo en la diana de nuestra realidad. 2.500 jueces que representan ese valor imprescindible que, desde la separación de poderes, da cuerpo y alma al estado democrático.
Da grima ir comprobando cómo en este tiempo se ataca la independencia judicial de forma alevosa por quienes están obligados a defenderla por encima de cualquier interés político.
La justicia en el estado de derecho, pese a su lentitud y a todas las problemáticas que plantea su funcionamiento, es vital e imprescindible para que se mantenga viva la aspiración de cualquier ciudadano a ser libre.
Es decir, que puede acaecer que Europa de repente mire hacia el horizonte judicial español y deje noqueado a este gobierno que anda tocado encima del ring desde hace varios asaltos.
Si Europa veta, a instancia de los jueces españoles, el derecho de voto de España, el escenario de la comedia económica gubernamental se vendrá abajo y entonces lo de meternos la mano en el bolsillo será pura broma.
Por esto y por otras cosas, seguiré (por mi derecho como pagador de nóminas políticas) solicitando el ERE que se merece esta camada de inconsecuentes que juegan día sí y día no con mis derechos…