CaixaBank ha planteado este martes a los sindicatos reducir su plantilla en 8.291 empleados y clausurar 1.534 sucursales tras completar la integración de Bankia.
Ical.- Su ajuste supera la horquilla de entre 7.000 y 8.000 bajas que estimaban los expertos, y supondría prescindir de más del 16 por ciento de los alrededor de 50.000 empleados con los que arrancaba el banco fusionado y el 22 por ciento de sus 6.700 sucursales.
De las 8.291 salidas, la mayor parte, unas 5.742, tendrían lugar en la red de sucursales. El banco ha planteado a los sindicatos que otras 1.148 bajas se produzcan en los servicios centrales, 463 en los servicios centrales distribuidos, otros 250 en las direcciones territoriales, 630 en filiales y 58 en trabajadores con excedencias incentivadas o que se acogieron en su día temporalmente a una excedencia.
Durante el encuentro, y según CCOO, la entidad ha alegado que las ratios de eficiencia son elevadas, lo que aleja a los inversores, y ha justificado la reestructuración en la transformación digital del sector, además de señalar las duplicidades que generan fusiones como la gestada entre CaixaBank y Bankia.
Para acometer las salidas el banco ha propuesto que sean bajas voluntarias, si bien en CCOO indicaron que ofrece una compensación inferior a la pactada con el Expediente de Regulación de Empleo del 2019.
CaixaBank considera “necesario” el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado a los sindicatos por “motivos productivos y organizativos” dadas las duplicidades y sinergias creadas con la fusión de Bankia, y ha detallado que limitará al 50 por ciento las bajas en empleados mayores de 50 años.
Si bien indicó en un comunicado que primará la “voluntariedad, como criterio preferente”, precisó que los trabajadores mayores de 50 años “no podrán superar el 50 por ciento del total de salidas” para evitar “el desequilibrio generacional”.
Con dicho objetivo anticipa que la voluntariedad tendrá “siempre” como límite máximo el cupo de excedente identificado en cada territorio o área funcional. Tras la voluntariedad aplicará también como criterio en la aceptación de las bajas o en las salidas la “meritocracia”, a través de la valoración de la ejecución y desempeño de los empleados.
UGT emplazó este martes al Gobierno a intervenir en el “salvaje y vergonzoso” despido de 8.291 trabajadores que proyecta acometer CaixaBank a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), denunciando que la entidad “pretende ir mucho más allá de la simple eliminación de duplicidades”.
El sindicato, que amaga con iniciar movilizaciones de protesta en contra del plan del banco, indicó que el Gobierno “tiene responsabilidad en este ERE”, ya que el Estado es dueño del 16,1 por ciento del banco a través del Frob, y su aprobación a la fusión “no puede convertirse en un cheque en blanco para realizar los ajustes propuestos por la dirección”.
“En el contexto de crisis sanitaria y económica en el que nos encontramos, un Gobierno progresista como el actual no puede avalar el despido de tal cantidad de trabajadores/as y menos con los criterios pretendidos por la dirección de CaixaBank”, agregó, alertando de que plantea además expulsar del mercado laboral “a personas con un horizonte lejano a su jubilación y con escasas posibilidades de reinserción laboral”.
Su temor sobre la difícil recolocación lo justificó en que se trata de un sector, el financiero, en plena transformación y reconversión, con ajustes de personal y cierres “en la mayoría de los bancos”, de forma que resulta “complicado” que “las personas que salen puedan encontrar acomodo en dicho sector”.
El sindicato conmina al Gobierno a intervenir por su posición como accionista significativo en “coherencia” con su estrategia. A su juicio, la posición del Ejecutivo “en defensa del mantenimiento del empleo asalariado” otorgando ayudas o ERTE “obliga, aunque solo sea por coherencia y dada la participación en el capital social de la entidad, a un posicionamiento a favor de minimizar el impacto en el empleo y la menor repercusión a las arcas públicas”.
En cuanto a la propuesta en sí, UGT afirmó que el banco “pretende pagar la factura de la fusión y de la pandemia a costa de la plantilla”, aprovechando un ERE por causas organizativas para “recortar” las condiciones laborales y con unas condiciones de salida “indignas y miserables”.
UGT considera el ERE “una falta de respeto”, con una cifra de excedentes “desproporcionada”, que “rompe con las fórmulas de consenso utilizadas hasta la fecha” para canalizar las salidas y donde la propuesta “hace inviable la voluntariedad” y “aboca a despidos forzosos”.
Por todo ello UGT amagó con movilizaciones, al tiempo que demandó al resto de representantes de los trabajadores a plantear una “unidad” sindical para defender el empleo. “UGT rechaza de plano la propuesta que la entidad ha realizado: nos aboca al camino del conflicto y la movilización”, avisó.