El Ayuntamiento oculta una contaminación del Tormes superior a lo permitido

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Salamanca lamenta la ocultación de información del PP y Ciudadanos a la ciudadanía durante años, al menos desde 2015, tiempo en que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Marín ha estado funcionando incorrectamente al realizar vertidos en las aguas del Tormes con valores de parámetros por encima de lo legalmente establecido, provocando así la contaminación continuada del río.

Tal y como constata la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del 5 de noviembre de 2019, desde el año 2015 el Ayuntamiento de Salamanca lleva contaminando las aguas del Tormes, declarado como zona sensible desde el punto de vista medioambiental, a causa de un uso inadecuado de la planta de depuración. Una estación en la que se llevaron a cabo obras a instancias de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy para adaptarse a la normativa europea y que el Gobierno municipal asume no se realizaron correctamente.

Sin embargo, el equipo de gobierno municipal, a pesar de admitir lo ocurrido y tener pleno conocimiento del incumplimiento en los límites de emisión de vertidos establecidos, dejó transcurrir más de un año desde que se dictó la sentencia en 2019, hecho que los socialistas califican como «una absoluta dejación de sus responsabilidades, ya que ha permitido la contaminación de las aguas del Tormes durante más de 15 meses desde que tuvo en sus manos la decisión judicial».

Ampliación de contrato

Además, en lugar de atender las indicaciones de la sentencia en la que se constata la posibilidad de corregir el problema a través de un uso adecuado de la instalación, sin un coste adicional, PP y Ciudadanos han aprovechado esta situación como excusa «para primar los intereses de la empresa adjudicataria del servicio durante más de 30 años de manera ininterrumpida, Aqualia (antes Seragua), al optar por la modificación de su contrato para prorrogarlo cinco años más y encargar la realización de unas obras millonarias en la planta depuradora que no son estrictamente necesarias según los tribunales».

Deterioro medioambiental

En 2006 la CHD otorgó al Ayuntamiento de Salamanca la autorización para efectuar el vertido de aguas residuales procedentes del sistema de saneamiento de la ciudad al cauce del río Tormes. Nueve años después, en 2015, comunicó que se debía revisar la autorización de vertidos por haberse modificado las circunstancias que justificaron la concesión de la autorización, ya que se había producido una conexión gradual de las aguas residuales de municipios, urbanizaciones e industrias próximas a Salamanca para su tratamiento en el EDAR de El Marín.

Concluido el trámite de alegaciones, la CHD establece en 2017, entre otras condiciones, la modificación de los valores límite de emisión del efluente, en concreto, un valor  de 10 miligramos por litro de nitrógeno total y de 1 miligramo por litro de fósforo total. El Ayuntamiento de Salamanca formula recurso de reposición en el que admite que solo cumple ese objeto el 70-80 % en media anual y solicita que se le aplique un parámetro realizado a medida que recoja estas circunstancias, a pesar de que los límites están fijados legalmente y la propuesta vulnera la normativa.

Dicho recurso es desestimado por la CHD al entender que «con un correcto manejo de la planta depuradora actualmente existente, el Ayuntamiento de Salamanca puede alcanzar los nuevos valores límite de emisión exigibles», una actuación y unos parámetros que, como recuerda el propio Tribunal, se establecen para prevenir el deterioro de la masa de agua del río Tormes y, a pesar de lo alegado por el Gobierno municipal durante el procedimiento, su consecución no es imposible, sino que ha quedado probado que puede llevarse a cabo con un uso adecuado de la estación de depuración.

Por todo ello, el grupo municipal Socialista concluye que «la resistencia demostrada por el PP y por Ciudadanos en este asunto a la hora de cumplir de manera escrupulosa con la legalidad vigente, no es más que el reflejo de su nefasta gestión, su falta absoluta de sensibilidad en materia medioambiental y sus prácticas habituales para beneficiar intereses particulares por encima del interés general de la ciudadanía salmantina«.