[dropcap]E[/dropcap]l 26 de abril de 1986 se produjo el accidente de la central nuclear de Chernobil y la explosión de uno de sus reactores, que reventó literalmente, liberando al mundo enormes cantidades de radiación.
Países como Ucrania, Rusia o Bielorrusia fueron los más afectados y tuvieron que borrar literalmente amplias zonas del mapa del mundo habitable. Muchos otros países de Europa como Alemania y países nórdicos fueron directamente afectados y tuvieron que destruir cosechas enteras de productos agrarios y sacrificar miles de animales domésticos. La radiación afectó igualmente a muchos otros países europeos y al resto del mundo, y los muertos a causa de esta catástrofe se cuentan por cientos de miles.
El 11 de marzo de 2011 reventó otra central nuclear en Fukushima, borró del mapa otra zona de su territorio y liberó al medio y al océano ingentes cantidades de agua con altísimas tasas de radiación, llegando a afectar hasta las costas americanas. En estas semanas el gobierno Japonés amenaza con verter al mar una cantidad que en septiembre 2020 ya ascendía a 1,23 millones de toneladas de agua radiactiva con consecuencias imprevisibles para el resto del mundo y el envenenamiento de los caladeros de pescado.
La lección que hace años deberíamos de haber aprendido es que la energía nuclear es un fracaso histórico desde el punto de vista ambiental, para la salud humana y de los seres vivos, y por tanto una ruina económica a corto y medio plazo. Los altísimos costes de gestión de los residuos y la seguridad radiactiva serán trasladados desde las empresas eléctricas al resto de la sociedad a través de los estados que finalmente pagarán, si pueden, el legado macabro de esta industria letal.
En nuestro país el 7º Plan General de Residuos Radiactivos prevé de aquí al año 2100 un coste de 16.000 millones de euros, que serían financiados por con gravámenes sobre la recaudación de peajes de distribución, con una cuota sobre la energía producida en las centrales nucleares y gravámenes sobre la explotación de la fábrica de Juzbado y otras instalaciones. Sin embargo las propias previsiones presentan agujeros de déficit de al menos 5.000 millones con los datos actuales de costes que posiblemente acaben desfasados. Una hipoteca generacional, la de los residuos radiactivos que ni siquiera los estados pueden garantizar teniendo en cuenta los miles de años de actividad de estos peligrosos residuos.
En Salamanca, tenemos dos amenazas nucleares. La mina de uranio de Retortillo necesita autorización de construcción de la planta de beneficio de uranio proyectada en ese municipio. El MITECO tiene que resolver sobre la misma dependiendo del informe que eleve el Consejo de Seguridad Nuclear que denuncia haber sufrido presiones de la empresa minera para que emita ya un informe favorable, insinuando amenazas veladas en caso de que éste sea desfavorable. Con la legislación vigente en el momento del inicio del proyecto, la empresa deberá dar garantías y avales financieros suficientes para garantizar la seguridad de unos residuos cuya radiactividad dura miles de años. Ninguna empresa, menos una sometida a la vulnerabilidad de precios del uranio, es capaz de garantizar la seguridad de sus residuos radiactivos de por vida. Tenemos el ejemplo de Aznalcóyar cuyos residuos eran mucho menos peligrosos.
Por lo que al MITECO no le queda otra salida que, con la ley en la mano, denegar la autorización de apertura de la planta de concentrado.
Por otro lado, la fábrica de combustible de Juzbado es una instalación cuya vulnerabilidad, en cuanto al transporte y custodia de los elementos radiactivos, ha comprometido en el pasado nuestra seguridad, al ser objeto de sabotajes y graves errores de control.
Por todo ello desde el Movimiento Ibérico Antinuclear en Salamanca, exigimos el abandono definitivo de la energía nuclear, el cierre de la fábrica de Juzbado y la denegación de la autorización de la planta de concentrado de Retortillo.
