Mientras otros gobiernos autonómicos deciden las medidas a aplicar ante el fin del estado de alarma –Castilla-La Mancha y Valencia se aventuran a mantener un toque de queda de más que dudosa legalidad- la Junta no tiene claro qué hacer en Castilla y León a partir del próximo domingo. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, que ayer daba cuenta de la actualización del parte en materia de “cierrabares”, no concretó ayer nada, salvo, eso sí, que la Junta piensa seguir trayendo por el camino de la amargura al sector de la Hostelería.
Lo peor de todo es que las medidas a aplicar están a expensas del dictamen de los Servicios Jurídicos de la Junta, los mismos que fundamentaron el ilegal adelanto del toque de queda sobre la base de la hora del ocaso, con lo cual cualquier ocurrencia es posible. En realidad, si se considera, como afirmó ayer la consejera, que el toque de queda y el cierre perimetral son medidas efectivas que siguen siendo convenientes, la cosa no es tan complicada: Solicítese al gobierno Sánchez la declaración del estado de alarma en el ámbito de esta comunidad autónoma. Pero no parece que el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que sobre esto del estado de alarma ha estado sucesivamente en contra, a favor o ni sí ni no, sino todo lo contrario (a lo que decida Sánchez), vaya a asumir dicha responsabilidad.
Ante esta falta de determinación el que va a tener trabajo es el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que tendrá que resolver los marrones que le vayan llegando. Menos mal que el TSJ anda curado de espanto después de haber tenido que rechazar cosas tan descabelladas como el toque de queda que la Junta decretó ilegalmente el pasado mes de octubre o las restricciones fijadas en las residencias de ancianos, en ambos casos por vulnerar derechos y libertades fundamentales establecidas en esa Constitución con la que tanto se llenan la boca los mismos que luego la vulneran.
A propósito de las residencias de ancianos, es evidente que al PP le ha sentado como una patada en salva sea la parte que se vaya a constituir la comisión de investigación que consiguió evitar cuando sumaba con C´s mayoría absoluta en las Cortes. Basta oír lo que ayer soltó por su boquita el secretario general y supuesto número dos del partido en Castila y León, Francisco Vázquez, a la sazón vicepresidente primero de las Cortes, donde dispone de tres asesores a su servicio, uno de ellos dedicado a tareas de partido.
Al calificar al gobierno Sánchez como el “gobierno que está llenado los cementerios de toda España”, Paco-Paquito-Paquete ha sumado muchos puntos en la competición que encabeza el vicepresidente Igea, el Crispador Mayor de estos antiguos Reinos, por ver quién eructa con mayor sonoridad, modalidad afín a la del lanzamiento-escupitajo de huesos de aceituna.
Dado que es procurador por Segovia, “El topillo” se permite realizar una pregunta a Vázquez: ¿De quién es la responsabilidad de que en la Residencias Asistida de Tejadilla, titularidad de la consejería de Familia, hayan fallecido por Covid 59 de sus 200 internos? Y otra complementaria: ¿Cuántos de estos 59 fallecidos perecieron en dicho centro sin recibir asistencia en el Hospital General de Segovia? Si Vázquez y la Junta respondieran preguntas como éstas, probablemente no haría falta esa comisión de investigación sobre las residencias que tan atacados de los nervios les tiene.
