El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, pidió este martes en León “unidad de criterio” al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del próximo jueves para que “se tomen decisiones juiciosas y no se haga una desescalada en la que se vuelva a generar un desconcierto entre los ciudadanos” tras la finalización del estado de alarma por el COVID-19.
Ical.- Este jueves, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León se reunirá para analizar un acuerdo que está siendo evaluado por los servicios jurídicos con la esperanza de “poder hacer una desescalada con racionalidad”, en la que “la medida más importante es la campaña de vacunación”, con la que Igea se mostró “muy contento” con la media de vacunación del uno por ciento de la población diaria, lo que permite “tener un futuro muy razonable”.
No obstante, Igea puntualizó que los próximos dos meses “hay que pasarlos y hay que hacerlo bien” y recordó a la gente que “queda muy poquito”, pero que “no se equivoquen ahora” porque “sigue habiendo más de 140 personas ingresadas en la UCI e ingresos diarios”.
“Se puede ser optimista, nos queda muy poco, pero hay que ser responsable y las medidas de restricción que aún nos vemos obligados a mantener, y que sabemos que hay sectores que están muy agotados, por eso pedimos un último esfuerzo tras haber intentado limitar las medidas en el espacio para que sean lo menos generalizadas posibles”, expuso Francisco Igea.
En este sentido, el vicepresidente del Gobierno autonómico pidió a la población que “aguante un poco porque el verano está ahí”, para cuando se espera que “la población vulnerable esté completamente inmunizada”. En este momento, más del 90 por ciento de las personas mayores de 70 años ya han recibido una dosis y más del 50 por ciento de los mayores de 60 años también, lo que supone “un porcentaje de inmunización completa muy alto y por encima de la media”.
Por ello, el también portavoz de la Junta pidió “responsabilidad” porque “el virus sigue ahí”. Asimismo, trasladó su preocupación por la situación en Inglaterra y otros lugares “donde la presencia de la variante india de COVID-19 ya es más evidente” para “ver si es sensible a las vacunas o no y si se difunde con rapidez o no”.
Una preocupación que, tal y como aseguró Igea, es la que mantiene a la Junta “con un nivel de alarma importante”, a la espera de que el Consejo Interterritorial “tome decisiones juiciosas y se intente mantener una unidad de criterio para que no se haga una desescalada en la que se vuelva a generar el desconcierto entre los ciudadanos”. Una uniformidad de criterios que el también portavoz de la Junta reconoció que “es difícil” tener cuando “el Gobierno se niega a asumir esa responsabilidad”.
Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reclamó al Gobierno que tras el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, tiene que haber “un marco jurídico suficiente” para amparar “las decisiones precisas para la protección de la salud”. “Sería bueno disponer de un marco jurídico suficiente que nos garantizara poder aplicar estas medidas y es lo que le hemos pedido al Gobierno”, sostuvo.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, afirmó en Valladolid que el toque de queda a partir del próximo domingo es «inviable» al no existir ya el estado de alarma en el país. «Entiendo que el 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma, no habrá toque de queda en la medida que se trata de una limitación a derechos fundamentales que necesita algún tipo de herramienta jurídica para salir adelante», aseveró.
Durante la presentación del nuevo portal de la Tesorería de la Seguridad Social, Import@ss, Izquierdo recordó cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decidió, de manera unilateral, adelantar el toque de queda a las 20 horas, lo que suponía «excederse» a las facultades que ofrecía el estado de alarma, algo que fue anulado, como medida cautelar, por los tribunales.
Además, el delegado del Gobierno apuntó que, con carácter general, se permitirá la libertad de reunión aunque cabe la posibilidad, precisó, que la Comunidad Autónoma pueda acometer alguna restricción, al amparo de la Ley General de Salud Pública, en algunos municipios y bajo unas «circunstancias muy concretas» y siempre por razones motivadas en función de la pandemia del COVID. No en vano, señaló, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la Junta aprobó entre los dos estados de alarma, cierres perimetrales y limitaciones a la libertad de circulación y de reunión durante el verano. Eso sí, dejó claro que toda decisión de estas características deberá contar con el respaldo y la ratificación de los tribunales del Contencioso Administrativo.
Preguntado por si las órdenes de la Junta podrían aplicarse y, por tanto, multar a los infractores, Izquierdo subrayó que las resoluciones judiciales suelen ser muy rápidas y se publican en menos de 24 horas. Se refirió a la celeridad de los tribunales al hablar de derechos fundamentales y apuntó que «todas» las órdenes o acuerdos que dictó la Junta en materia de restricciones a algún derecho fundamental, en base a la Ley General de Salud Pública, contaron con resoluciones judiciales en uno o dos días. En todo caso, precisó que la competencia para sancionar corresponde a la comunidad autónoma.
