[dropcap]D[/dropcap]espués de las turbulencias de los últimos meses -confundieron los deseos con la realidad esos que proclamaron que había salido fortalecido tras la fallida moción de censura- el presidente de la Junta vive momentos tranquilos, que podían serlo todavía más si el vicepresidente, el desaforado Igea, no se afanara en crispar la vida política en esta comunidad autónoma.
Aparte de que, gracias a la vacunación, la pandemia remite sin vuelta atrás, la situación a Alfonso Fernández Mañueco se ha aliviado en el doble frente que tenía abierto: su gestión en la Junta y el hostigamiento con el que le ha estado obsequiando la cúpula nacional del PP. En el primer frente, esta semana se reconcilia con el Diálogo Social, firmando con patronal y sindicatos un importante bloque de acuerdos entre los que figura el nuevo Plan Regional de Empleo. En otro tiempo, esto no sería noticia, ya que iba de suyo. Pero tras la guerra declarada por el susodicho Igea a los agentes sociales, lo es, y constituye todo un bálsamo para un gobierno que no podía seguir permitiéndose ese enfrentamiento. Por lo demás, se presenta como un gran éxito lo que debería haberse firmado hace ya unos cuantos meses.
En el plano interno del PP, Génova ha levanto el pie del cuello de Fernández Mañueco, al que no buscará alternativa en el congreso del PP de Castilla y León previsto para el próximo otoño, despejando así en principio su camino para volver a encabezar el cartel en las elecciones autonómicas de 2023 (o de antes, si en otoño se produjera un adelanto electoral no descartable).
Mientras tanto, Mañueco sigue al frente de un gobierno chamuscado en la mitad de sus consejerías y con el hándicap que supone la pérdida de la mayoría absoluta parlamentaria anterior a la moción de censura.
Y ya son unos cuantos los contratiempos que ello le está suponiendo: Tras verse obligado a derogar de un día para otro el “decretazo” contra los profesionales sanitarios, ha tenido que ceder al PSOE las presidencias de dos de las tres comisiones parlamentarias de investigación abiertas, no va a poder evitar la que se tramita sobre las residencias de ancianos, y la pasada semana ha vuelto a sufrir otra derrota en el pleno de las Cortes.
Flirteo con Vox.- Más allá de este último revolcón -ganado a pulso por la negativa de la consejería de Educación a disponer medidas de conciliación laboral durante los meses de junio y septiembre- lo ocurrido en esa sesión plenaria resulta muy significativo acerca de la negociación que mantienen PP y Vox (Raúl de la Hoz y Jorge Buxadé) después de que los populares suspendieran sine die la que habían iniciado con el Partido por Ávila.
En un momento inoportuno hasta decir basta, con media docena de mujeres asesinadas en un plazo récord, PP y Ciudadanos se opusieron, con un par, a la Proposición del grupo socialista de modificar la Ley de Violencia de Género de Castilla y León (2010) para actualizarla y adecuarla al Pacto de Estado suscrito en 2016. Su oposición –sustentada en un informe de la Junta aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado el 6 de mayo, fecha en la que ya se había interrumpido la negociación con el partido abulense- ha supuesto todo un guiño hacia la formación ultra, cuya procuradora aportó lógicamente el voto que les faltaba a PP y Ciudadanos para tumbar la iniciativa.
En justa correspondencia, la procuradora Fátima Pinacho evitó con su abstención la “reprobación” parlamentaria que hubiera sufrido el lenguaraz Igea de haberse aprobado la iniciativa conjunta de PSOE y Podemos, que exigían a la Junta que se retractara pública y oficialmente de las críticas del vicepresidente al Procurador del Común.
Ambas votaciones reflejan el acercamiento entre ambos partidos, que sin embargo no suscribirán un acuerdo estable que garantice estabilidad al gobierno Mañueco. Los estrategas nacionales de Vox no quieren atarse las manos con un acuerdo de ese tipo. Quieren tenerlas libres porque su estrategia pasa por provocar unas elecciones anticipadas en Andalucía y aquí que les permita reemplazar a Ciudadanos como socio de gobierno del PP en ambas comunidades.
En función de ese objetivo alternarán acuerdos puntuales y discrepancias estridentes, como la que dio al traste la pasada semana con la nueva Ley del Suelo promovida por el gobierno de Moreno Bonilla. Y tampoco está dispuesta Vox a que su procuradora haga de caballo de Troya para frustrar la comisión de investigación sobre las residencias de ancianos que PP y C´s desearían volver a abortar.
Entretanto, Igea a lo suyo, que es seguir haciendo méritos ante el PP buscando desesperadamente cualquier excusa, o inventándosela, para arremeter contra el gobierno socialista Luis Tudanca hace tiempo que no entra a su trapo y el Delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, ya le ha dejado claro que tampoco va a caer en la trampa de seguirle el juego en su denigrante y soez escalada política.
