La Delegación de OCU en Castilla y León reclamó este martes a la Junta y a las administraciones locales de la Comunidad diversas acciones para propiciar la protección al consumidor vulnerable. Según apuntan, seis meses después de entrar en vigor la modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores, sigue siendo manifiesta la falta de adaptación de los servicios de atención al cliente a los consumidores como por ejemplo los sordomudos o las personas afectadas por una traqueotomía, un colectivo este último que tiene “grandes problemas” para ser reconocidos correctamente por los contestadores automáticos o incluso por los operadores cuando consiguen hablar con uno.
Ical.- Entre otras cuestiones, reclaman que se aumente la información previa a la contratación de manera que el consumidor vulnerable comprenda sin ningún género de dudas las circunstancias contractuales de su adquisición; y que se adapten los servicios de atención al cliente y reclamación a todas las circunstancias de salud y socioeconómicas que puedas sufrir los usuarios.
También solicitan que se estipulen mayores sanciones para las personas físicas o jurídicas que abusen o engañen a los consumidores vulnerables incluidos en la Ley General de Consumidores, y que las propias administraciones públicas desarrollen nuevos servicios públicos de ayuda, ya sean telefónicos, online o a domicilio, que faciliten aquellas gestiones que requieran necesariamente certificados digitales o una dirección de correo electrónico, recursos poco habituales entre los colectivos vulnerables de la España rural.
En un comunicado recogido por Ical, recuerdan que a principios de año el Consejo de Ministros aprobaba la inclusión del consumidor vulnerable en la Ley General de Consumidores. Una reivindicación histórica de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que tiene por objeto mejorar la protección de los consumidores que, por edad, salud o factores socioeconómicos, están especialmente indefensos frente a los abusos, fraudes y estafas.
Pese a ello, desde la OCU constatan que las personas mayores continúan sufriendo una desatención absoluta por no estar adaptados a los medios telemáticos y electrónicos que exige en la actualidad cualquier empresa para la contratación, mantenimiento o anulación de cualquiera de sus productos.
