Este 21 de junio se cumplen dos años desde que PP y Ciudadanos firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad que franqueó la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como nuevo presidente de la Junta al frente de un gobierno de coalición integrado por ambos partidos. Un acuerdo bautizado por los socialistas como “pacto de la rapiña”, ya que se extendió a Ayuntamientos y Diputaciones, dando lugar a que la alcaldía de Palencia cayera en manos de Ciudadanos, que solo había obtenido tres de los 25 concejales, o, más insólito aun, que su único diputado provincial en Zamora acabara presidiendo la Diputación.
A punto de alcanzar el ecuador de la Legislatura, sería el momento indicado para realizar un balance global sobre estos dos años de gobierno en Castilla y León.
Lógicamente, la irrupción del Covid-19 y la emergencia sanitaria sobrevenida a partir de marzo de 2020 impiden aplicar los parámetros al uso en este tipo de balances, ya que es obvio que el grave quebranto económico, laboral y social ocasionado por la pandemia ha condicionado la gestión de todas las Administraciones Públicas y, en especial, la de las comunidades autónomas. Pero ello no justifica el flagrante incumplimiento de compromisos que figuraban en el programa de gobierno, la aplicación de políticas que no constaban en el mismo y la pasividad en torno a los problemas estructurales de la comunidad autónoma, tales como la sangría demográfica y los alarmantes desequilibrios territoriales internos.
La primera expresión de indolencia del gobierno Mañueco consistió en prorrogar durante todo el año 2020 unos Presupuestos de la Comunidad que databan de 2018, sin mostrar ninguna prisa por dotarse de unas cuentas propias y aptas para dar respuesta a los retos de la comunidad autónoma. De ese programa pactado entre PP y C´s, la gran prioridad resultó ser la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, un “regalo fiscal” básicamente en beneficio de los grandes patrimonios familiares y en detrimento de las arcas de la Junta, que desde la crisis de 2008 registran un endeudamiento exponencial.
Ese año se cerró el ejercicio con una deuda pública de 2.608 millones de euros que representaba el 4,60 por ciento del Producto Interior Bruto de la comunidad; al final de 2020 esa cifra se ha disparado hasta los 12.932 millones, el 24 por ciento del PIB, y la consejería de Hacienda acaba de colocar en el mercado otros 500 millones para hacer frente a la financiación necesaria hasta concluir 2021.
Absolutamente nada -y nada es nada- ha hecho el gobierno Mañueco por intentar atajar el problema de la despoblación. El pasado 6 de mayo las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad la Ley de Medidas frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, fruto del trabajo previamente impulsado por el Comisionado regional para el Reto Demográfico creado a comienzos de la actual Legislatura. En Castilla y León, a fecha de hoy ni siquiera se ha constituido el grupo de trabajo de expertos independientes que, según el pacto PP-Cs (punto 78), debían nombrar las Cortes “con el fin de que elaboren un diagnóstico y emitan en un año un informe de propuestas de actuación”.
Entretanto, la hemorragia demográfica, lejos de contenerse, sigue desangrando a Castilla y León. Desde 2010 la comunidad autónoma ha perdido 177.000 habitantes, más de los que tiene toda la provincia de Zamora (por cierto, la más afectada, junto a la de León, por esta sangría). Y acabamos de saber que el saldo vegetativo durante 2020 ha sido de -22.543 personas, diferencia entre los 14.323 nacimientos y las 36.866 defunciones, cerca de 8.000 de estas últimas causadas por la pandemia.
Del Plan Aliste al Plan Segovia.- Antes de que el Covid-19 irrumpiera en escena, el gobierno Mañueco se había sacado de la manga el llamado Plan Aliste, un programa-piloto para concentrar la atención primaria en el medio rural a costa del cierre por inanición de la inmensa mayoría de los 3.600 consistorios locales existentes en la comunidad.
El plan levantó un clamor en contra en el medio rural, pero la consejería ha encontrado en la pandemia la coartada perfecta para imponerlo por la puerta de atrás mediante la implantación de la atención telefónica en detrimento de la presencial. Paralelamente, la consejera Verónica Casado y su mentor, el vicepresidente Francisco Igea, han cambiado de táctica, que no de estrategia, y han sustituido el ámbito comarcal por el provincial. Y así hemos pasado al Plan Segovia, que, a modo de nuevo programa piloto, plantea una “reorganización de la atención primaria rural” basada en la reducción de efectivos médicos y la ampliación de las plazas de enfermería.
La propuesta contempla la supresión de 17 médicos en el rural segoviano a base de no cubrir jubilaciones, denegar las solicitudes de prolongar la actividad y bloquear los traslados. El plan ha levantado ampollas en el estamento médico y a ello ha sido sensible el secretario autonómico del PP y procurador segoviano, Francisco Vázquez, quien de momento ha conseguido frenarlo, ya veremos por cuanto tiempo.
Otro de los flagrantes incumplimientos del gobierno Mañueco es el referente a la reducción del llamado “sector público de la comunidad”, esa Administración B de la que forman parte lo que Igea consideraba “chiringuitos” asociados al clientelismo político y el despilfarro. Un compromiso que ha quedado en nada, absolutamente nada. Y no solo eso, sino que además la Junta lo viene acompañando de una creciente “externalización” de trabajos que siempre han estado a cargo de su plantilla de funcionarios.
Si no tenía un pase que la consejería de Empleo adjudicara a una consultora la gestión de las Ayudas al Empleo del Plan de Choque contra la pandemia, clama al cielo que haya hecho lo mismo con el Plan Director Industrial 2021-2027, con el V Plan de Internacionalización Empresarial, con la Estrategia de Emprendimiento e Innovación o con el nuevo Plan Regional de Carreteras. Cientos de miles de euros dilapidados en planes que siempre se habían elaborado por los técnicos de la Junta.
Todo lo anterior, ni mucho menos exhaustivo, revela que, lejos de erradicar los abusos y vicios de una política salpicada por sonoros casos de corrupción -algunos vivos y coleando en los Juzgados-, hay cosas que no han cambiado, como no sea a peor, durante este bienio de gobierno PP-C´s en la Junta.
