La Central Sindical Independiente y de Funcionarios exigió una solución a la actual e “ineficiente” manera de prescribir medicamentos a los usuarios de las residencias de mayores.
Ical.- Según su opinión, éstas “debe hacerlas un médico de Atención Primaria, mientras que el facultativo que atiende habitualmente a los residentes no puede”, lo que “desorganiza y satura a los centros de salud, aumenta de forma desproporcionada el denominado gasto farmacéutico y genera algunos conflictos”.
Según expuso el sindicato, la legislación autonómica actual respecto a centros residenciales de mayores, exige una hora diaria de médico y dos de enfermería en las residencias de hasta 25 usuarios, lo que se aumenta según el número de residentes. Esa misma normativa también responsabiliza de la atención sanitaria a la Atención Primaria al considerarse la residencia el domicilio del paciente.
Sin embargo, en el momento que un residente requiere una atención, una cura o la aplicación de un tratamiento fuera tiempo del facultativo o la enfermera del centro residencial es el equipo de Atención Primaria quien atiende esas necesidades, bien en horario ordinario de consulta de lunes a viernes o bien desde los servicios de urgencias.
“La normativa establece la dotación de profesionales en los centros de mayores de la Comunidad en función del número de residentes, pero no la dotación de plantilla a mayores que debe tener un equipo de Atención Primaria, cuando en la zona básica de salud hay algún centro de mayores”, explica CSIF.
Por ello, se crea una situación en la que los profesionales de Atención Primaria y los de residencia “se ven en la necesidad de establecer un equilibrio del reparto de papeles complejo, por falta de dotación de personal y medios” pero también “porque la Junta no muestra interés por querer ver un problema que existe y mucho menos solucionarlo”, de manera que “hace falta una coordinación real entre los centros residenciales y el sistema sanitario público, una reorganización y delimitación de funciones, un incremento de efectivos”.
En el caso concreto de las recetas, el sindicato detalló que existe “un importante problema que genera inseguridad en los profesionales además de poder ocasionar conflictos legales”. Así, en las residencias de mayores los médicos no pueden hacer recetas de la sanidad pública, sino que los médicos de familia de Sacyl “tienen que firmar a ciegas los tratamientos pautados por los médicos de las residencias”.
Debido a ello, los facultativos de Primaria “se sienten indefensos y obligados a prestar un servicio administrativo, asegurando que la decisión del tipo de tratamiento y la prescripción del mismo son dos actos indivisibles que deben realizar los médicos de los centros geriátricos, que son los que atienden al paciente”.
