[dropcap]L[/dropcap]os ciudadanos asistimos perplejos a lo que podemos calificar como el mayor robo a nuestros bolsillos perpetrado por las empresas eléctricas con la connivencia de un “gobierno social”. El precio de la luz bate récord tras récord y en un año se ha triplicado. Mientras usted lee este artículo el precio sigue subiendo. A ningún otro sector económico se le ha permitido tal atraco.
Les recomiendo leer el artículo de Martín Cuneo, publicado en El Salto titulado Eléctricas: el retiro dorado de la política
Obviamente ese informe no lo publicarán los principales periódicos. En el podrán encontrar toda la información necesaria para comprender por qué los partidos políticos y los propios políticos no hacen nada al respecto, y de paso poner cara, nombres y apellidos de los políticos que han pasado directamente desde el gobierno a los consejos de administración de estas empresas (ENDESA, NATURGY e IBERDROLA) y los estratosféricos sueldos que cobran (desde 225.000 a 546.000 €). A modo de resumen: tres ex presidentes del gobierno, veinte ministros y muchos secretarios de estado pasaron de diseñar en el ministerio las normas que rigen el mercado eléctrico a cobrar de esas mismas empresas. Al menos 175 altos cargos han utilizado las puertas giratorias y una ley de incompatibilidades generosa para pasar a prestar sus servicios al sector eléctrico, o mejor, a cobrar en diferido por los servicios prestados cuando estaban en el gobierno.
Desde esos mismos despachos del gobierno se impulsaron las reformas de privatización de las empresas públicas de energía y liberalización de los precios después, con un sistema de fijación de precios que garantiza pingues beneficios y compensaciones a las empresas eléctricas, argumentando que la oferta y la demanda estimularía la competencia y reduciría las tarifas. Desde entonces el precio no ha dejado de subir y este año el ritmo produce vértigo. En 2020 España era el tercer país de Europa con la factura de la luz más cara, en 2021 el más caro. Pagamos la luz más cara con sueldos mucho más bajos que los que cobran en esos mismos países.
Es obvio que sectores esenciales para el funcionamiento de la sociedad, por ejemplo, el sector eléctrico, deberían estar regulados por los poderes públicos para garantizar que cumplan su función social y, desde la perplejidad y el asombro más absoluto, cabe preguntarse ¿qué está haciendo un gobierno supuestamente social al respecto?
En las últimas semanas la ministra de Transición Energética Teresa Ribera abre la puerta a crear una empresa pública de energía, eso sí, en diferido, a medida que las actuales concesiones vayan caducando, es decir una medida que podría ser efectiva dentro de muchos años, lo que equivale a decir que no se plantea hacer nada a corto plazo que frene la actual escalada del precio: es solo una cortina de humo. Mientras tanto, echa balones fuera, culpa a Europa y advierte a Unidas Podemos que las protestas y movilizaciones en la calle no servirán de nada.
Al margen de declaraciones de políticos de ese gobierno que no hacen nada al respecto, o de políticos en la oposición, responsables de privatizar las empresas eléctricas y liberalizar el mercado, y que, quién sabe si unos u otros no estarán también en los consejos de administración de estas empresas en un futuro no muy lejano, no se atisba una solución para los ciudadanos que se siguen empobreciendo a la vez que empresas y gobernantes obtienen pingues beneficios.
Si el gobierno no hace nada por los ciudadanos controlando el precio de la luz, quizás deba pensar en sí mismo y en su supervivencia como gobierno. El señor Sánchez-Castejón debe analizar si las empresas eléctricas no siguen una estrategia diseñada para derribar al gobierno en las próximas elecciones. En Europa los golpes de estado ya no se dan con tanques ni por los militares sino a través de las empresas del IBEX.
Quizás uno ya espera que se cumpla al menos parcialmente una idea de Carlos Marx y es que el capitalismo moriría víctima de sus contradicciones. Morir, morir, precisamente no ha muerto, pero quizás el incremento desorbitado e injustificado del precio de la energía produzca una reacción de otros sectores económicos a los que la subida del precio pueda desestabilizar e incluso estrangular, y entonces sí, entonces otros poderes económicos diferentes obliguen a las empresas eléctricas y al gobierno a intervenir. De momento por culpa del precio de la energía el IPC ha aumentado 2,9 puntos en un año a pesar del descenso del consumo y eso sí que debe preocupar a los poderes económicos reales y tal vez esa presión, más que la impopularidad y la pérdida de votos, fuerce al pseudo-poder político a tomar medidas. Al fin y al cabo, quien manda: manda.
