La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, denuncia que las clases comenzarán este viernes en Castilla y León sin los recursos suficientes para garantizar la calidad educativa ni los protocolos frente a la pandemia.
Ical.- CSIF exige al Ministerio de Educación que asuma su posición de liderazgo para que las autonomías se doten de los medios necesarios para garantizar la calidad educativa y para que se mantengan los refuerzos.
El sindicato estima en alrededor de 50.000 docentes el déficit estructural del sistema educativo español, teniendo en cuenta el incremento de las ratios producido desde la crisis de 2009. Además, las jubilaciones de este año y las previstas para el próximo ejercicio, así como las plazas necesarias para reducir la tasa de interinidad al 8 por ciento, tal y como se ha marcado el Gobierno hace preciso convocar 180.000 plazas docentes en los próximos tres años.
CSIF insta al Ministerio y a las diferentes comunidades a que durante el mes de septiembre revisen las necesidades e incrementen la seguridad y la dotación de recursos para que las clases puedan impartirse en condiciones adecuadas. Además, es necesario impulsar un plan de inversión en recursos tecnológicos y para afrontar las dificultades del alumnado durante estos dos cursos marcados por la pandemia.
Por otra parte, el sindicato también argumenta que los fondos acordados en el seno de la Unión Europea deben servir para que este curso marque el comienzo de la reconstrucción de la Educación tras años de recorte, “teniendo en cuenta que es una pieza estratégica fundamental para la modernización de este país y el cambio de modelo de nuestro sistema productivo.
A su vez, reclama que el Ministerio de Educación lidere la implementación de la nueva ley educativa y con un proceso de negociación colectiva. “Es fundamental que esta aplicación se desarrolle de manera homogénea en todo el territorio y que el desarrollo de la LOMLOE no agrave las diferencias ya existentes entre las comunidades autónomas en el derecho constitucional de la educación. Asimismo, exigimos altura de miras para que esta aplicación no sea una nueva guerra partidista que tanto perjudica a nuestro sistema educativo”.
Por último, también pide la aprobación de una Ley del Profesorado que recoja las reivindicaciones históricas de este colectivo, como el Estatuto Docente y una carrera profesional que reduzca las diferencias retributivas actuales entre comunidades, que ascienden hasta los 300 euros y un acceso a la función pública docente ajustado a las necesidades actuales de nuestro sistema educativo.
