La OCU pide a la Junta el refuerzo de la atención a las personas mayores

Denuncia que las listas de espera en las residencias públicas se alargan y las ayudas a las personas en situación de dependencia solo alcanzan para cubrir una pequeña parte
Una anciana juega con la tabet. Imagen de Sabine van Erp en Pixabay

La OCU -Delegación de la Organización de Consumidores y Usuarios- en Castila y León pide a la Gerencia de Servicios Sociales de la Comunidad más medios de atención para las personas mayores dependientes, pero también para las familias que, teniendo a su cargo a mayores dependientes, tienen dificultades económicas para atenderles debidamente.

ICAL. «La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León ofrece una prestación a las personas mayores que tramitan su situación de dependencia que en muchos casos no llega a cubrir ni el 20 por ciento de los servicios que requiere el afectado. Es más, las listas de espera para acceder a una residencia pública se prolongan en el tiempo, lo que agrava si cabe la situación de dependencia de muchos mayores. Porque los ingresos de la pensión de jubilación o de viudedad rara vez alcanzan para pagar una residencia privada», denunciaron en un comunicado.

Estos problemas, indicaron, se reflejan en una encuesta realizada por OCU a 2.772 mayores de entre 65 y 79 años hace apenas diez meses. El estudio indica que el 19 por ciento describe su situación económica como difícil o muy difícil. Sin embargo, sus expectativas de cara al futuro son «aún peores», porque el 43 por ciento considera que no podrá permitirse servicios de ayuda a domicilio.

Además, la encuesta señala que la falta de autonomía no ayuda porque el 23 por ciento de los mayores reconoce que no es capaz de realizar solo las tareas domésticas; un 16 por ciento no es completamente autónomo para hacer la compra; o un ocho por ciento no es capaz de gestionar su dinero sin ayuda.

Por todo ello, OCU Castilla y León solicita un refuerzo de los servicios sociales de atención a los mayores en el sentido de aumentar las cuantías de las de las prestaciones vinculadas y el número de plazas de residencias públicas garantizando unas instalaciones y el número de personal profesional adecuado para el cuidado de los residentes, así como la reducción de los plazos en los trámites de solicitud.

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