«Es lo más duro que me ha pasado en la vida»

[dropcap]T[/dropcap]estimonio de dos salmantinas, una en 1995 y otra en 2019, que tuvieron que abortar porque su vida corría peligro. En ambos casos, el aborto era necesario y ambas tuvieron que irse fuera de Salamanca a interrumpir su embarazo, una a Madrid y otra a Valladolid, porque el conjunto de profesionales que conforman el servicio de Ginecología del complejo asistencial de Salamanca se acogen a la objeción de conciencia.

«Tuve la desgracia de que en la semana 20, en la segunda revisión que te realizan, vieron que algo no iba bien. Me hicieron la amniocentesis y vieron que el feto tenía un problema genético, que no lo habían visto hasta ese momento. De un día para otro me dieron un informe que decía: ‘incompatible con la vida y peligroso para mi persona’.

Ella fue a la asistencia social, a gerencia y tuvo que ir una primera vez a Valladolid, a una clínica privada, porque en Salamanca no lo hacen. «A los tres días volví a Valladolid y me provocaron una interrupción del embarazo», explica.

¿Te dijeron por qué no podías abortar en Salamanca?
No. Solo que en el hospital de Salamanca no se practicaban abortos, aunque éste fuera terapéutico, porque era un informe donde se podía leer claramente que el embarazo era incompatible con la vida del feto.

¿Cómo afrontasteis tu pareja y tú este momento?
Con todo el dolor. Es una situación muy surrealista. Te sientan en un despacho y te dicen que no puedes seguir adelante con el embarazo, donde has puesto todas las ilusiones del mundo, donde hasta ese momento todo iba bien, y que en Salamanca no puedes abortar.

Ya que no te tuviste la asistencia médica para abortar en Salamanca. ¿Te ofrecieron la asistencia psicológica?
No. En ningún momento. Era la semana del 20 y 21, por lo que ya estaba en un momento muy delicado. No me dieron opción a nada, me dijeron que tenía que irme a Valladolid y nada más.

¿Crees que el hospital de Salamanca debería tener profesionales que no se acogieran a la objeción de conciencia para que así la mujer no tuviera que interrumpir su embarazo en otra ciudad?
Absolutamente. Imagina que tienes un problema en la intervención, porque no deja de ser un parto, en una clínica privada te tendría que llevar una ambulancia a un hospital. Es la vida de las mujeres la que corre peligro.

¿Esto ocurre en Salamanca o en más hospitales de Castilla y León?
Puedo contar el caso de una amiga mía que desgraciadamente le ocurrió lo mismo que a mí y vino a abortar a una clínica aquí, en Salamanca, desde Palencia.

Las dos mujeres coinciden en señalar que es un shock lo que sienten en el momento que les dicen que tienen que abortar. A ello, hay que añadir que no lo pueden hacer en su ciudad. «En mi caso, en 1995, tuve que ir a un hospital de Madrid. Tardaron en enviarme, pedí permiso, porque se me pasaba el plazo para poder abortar. Soy del gremio y conocía los procedimientos, si yo no hubiera insistido, en este momento no sabría lo que hubiera pasado. Cualquier persona en mis circunstancias, que no hubiera conocido el sistema, no sé que hubiera sido de ella. Tardaron 10 días en enviarme, con lo que conlleva, yo sabía que no podía seguir con el embarazo. No paraba de llorar. Fue terrible. Nadie quería saber nada en Salamanca,…»

Hablamos de 1995 y pasaba eso y en 2019, también…
Sigue igual. Han pasado más de 25 años y siguen las cosas igual o peor. No han cambiado nada en estos años. Hablamos de dos personas que tenemos recursos y podemos actuar. No me quiero ni imaginar lo que le ocurre a las mujeres que no tienen medios.

Hay ocasiones que después del legrado surgen complicaciones. «En mi caso, al venir de Madrid sufrí una mastitis, porque aunque me dieron la pastilla para que no subiera la leche, no me hicieron efecto. Tuve unos dolores muy fuertes, tuve que ir a urgencias, no paraba de salir leche de mis pechos, porque el cuerpo está preparado para una gestación».

Las dos mujeres coinciden en señalar que hay muchas contradicciones en el hecho de que no se practiquen los abortos en Salamanca, porque si surgen complicaciones, como en este caso, tienen que ir a urgencias del hospital de su ciudad, donde no le han practicado el aborto. «Me atendieron en urgencia y me dieron un tratamiento. Pero, lo lógico es que me hubieran pasado a Ginecología y que allí me hubieran hecho un seguimiento, pero esto no ocurrió nunca. Ni en Madrid, ni en Valladolid, ni aquí».

Así mismo, ambas agradecen el trato que le dispensaron los profesionales tanto en Madrid, como en Valladolid. «Tienen mucha empatía, estás absolutamente desvalida, no sientes ni padeces en ese momento. No eres personas».

La conversación con las dos mujeres concluye con otra coincidencia: «Ha sido la peor situación de mi vida, lo más duro y no recibes ningún tipo de asistencia ni psicológica, ni ginecológica después».

Fraude de Ley en Castilla y León

El grupo socialista en las Cortes defendió en el pleno una proposición no de ley para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales públicos de la comunidad. Es la segunda ocasión en la que se expone esta situación. En la primera la consejera de Sanidad anunció un nuevo proceso de valoración sobre los profesionales dispuestos a implicarse en estas intervenciones. También señaló la consejera que incluiría la IVE -interrupción voluntaria del embarazo- en la cartera de servicio. «Sin embargo, la Junta de Castilla y León permite que esta prestación no esté disponible en ningún hospital público y tan solo lo ofrecen dos centros privados de la comunidad, lo que obliga a las mujeres a salir de la red pública y a viajar a otras provincias o comunidades».

El tratamiento farmacológico permite su uso hasta al menos la novena semana de gestación y ofrece más intimidad tanto para el paciente como para la clínica puesto que evita que traumas del legrado y las complicaciones del postoperatorio. «Sin embargo, el Sacyl solo lo oferta en el hospital de Miranda y su área de influencia», matiza María García, secretaria de Sanidad de PSOE en Salamanca.

Desde el PSOE entienden que mantener esa prestación en las actuales condiciones solo puede ser entendida como una resistencia ideológica e insumisión al ordenamiento legal, «impropia de una administración pública que tiene la responsabilidad y obligación de ofrecer una cartera de servicios sanitarios en condiciones de igualdad«, puntualiza García.

«Es incomprensible que el Sacyl no haya garantizado su cobertura en centros públicos de la comunidad y este sometiendo a las mujeres a viajes interprovinciales y a otras autonomías para completar su aborto quirúrgico en clínicas privadas», señala María García.

Desde el PSOE entienden que se puede estar produciendo en Castilla y León un «fraude de ley» al no tener actualizados los registros de médicos objetores de conciencia y por «pervertir» el sentido de la objeción, que debe ser necesariamente individual.