Seis bodegas de la Ribera del Duero se han unido durante las últimas semanas para pedir a la Junta de Castilla y León una legislación más restrictiva para las grandes explotaciones porcinas, las conocidas como macrogranjas, con el objetivo de evitar su proliferación en las zonas donde están instalados viñedos de bodegas pertenecientes a la Denominación de Origen, ya que la presencia de estas infraestructuras porcinas podría afectar a la uva y, principalmente, impide el desarrollo de proyectos de enoturismo en la zona.
C. Tabernero / ICAL
En concreto, la petición está formulada por las bodegas Prado Rey, Ferratus, El Lagar de Isilla, Hacienda Solano, Dominio del Águila y Dominio de Cair, todas en la parte burgalesa de La Ribera del Duero. que en los últimos meses han visto como en las inmediaciones de sus viñedos y bodegas se han proyectado e iniciado dos proyectos de macrogranjas en las localidades de La Aguilera, perteneciente a Aranda de Duero, y San Juan del Monte.
“Son granjas que están a un kilómetro escaso de nuestras viñas e impactan de lleno en bodegas como las de Dominio del Águila o Dominio de Cair”, explica a Ical el CEO de Prado Rey, Fernando Rodríguez de la Rivera, que además señala que la construcción de las granjas, ya en marcha, se está llevando a cabo a través de un proceso “bastante irregular” puesto que las licencias concedidas por los ayuntamientos “no han tenido en cuenta el cambio legislativo de febrero de 2020”.
Sin embargo, Rodríguez de la Rivera reconoce que, a pesar de esa modificación que debería impedir su construcción en “zonas de especial vulnerabilidad como Aranda de Duero”, la legislación autonómica sigue siendo “bastante laxa para este tipo de granjas”. Unas infraestructuras sobre las que las bodegas denunciantes no están en contra pero sí en relación a su ubicación, porque afecta al “patrimonio cultural, gastronómico y enológico de la Ribera del Duero” al ser una actividad “no complementaria ni compatible” con los viñedos y las bodegas.
“Hay un riesgo de contaminación de los acuíferos por los purines”, denuncia el CEO de Prado Rey, mostrando además el malestar de las bodegas porque, al pertenecer a la DO Ribera del Duero, están sometidas a “una legislación muy estricta con respecto a la depuración de aguas contaminadas” pese a contaminar “mucho menos” que las granjas de ganado porcino. Unas instalaciones sobre las que reitera que no están en contra, pero reafirmando que inciden “negativamente” en la imagen positiva de la Ribera del Duero como “patrimonio que tenemos que proteger entre todos”.
Otros emplazamientos
Aún más tajante es el portavoz de la bodega Ferratus, Ángel Arroyo, que señala la “picaresca” de las empresas gestoras de las macrogranjas al solicitar “una primera instalación para 1.999 cabezas, que no necesita de ninguna autorización, para después, con el paso del tiempo, aumentarla sin contravenir ninguna normativa”, a pesar de introducir más de 2.000 cerdos en “instalaciones muy pequeñas” que, además, generan un “impacto tremendo” en la zona a través de los olores, la posible contaminación de los acuíferos y el aumento de la despoblación, porque “nadie quiere vivir al lado de una macrogranja”.
Arroyo tiene claro, no obstante, que el ‘boom’ de este tipo de instalaciones viene dado porque las empresas gestoras de las macrogranjas “pueden hacerlo” ante una normativa “muy laxa, que más que proteger, desprotege”, y de la que el portavoz de Ferratus culpa a la Junta de Castilla y León, ante la que solicita que, como a las propias bodegas de la Denominación de Origen, se exija a las instalaciones porcinas “licencia de actividad, de obra y declaración de impacto ambiental”.
“Entendemos que todo el mundo tiene que ganarse la vida, pero hay formas y formas”, confiesa a Ical el portavoz de Ferratus, que califica la instalación de las macrogranjas como una “invasión que va a tener repercusiones a medio y largo plazo para todos”. Por ello, confía en que el Consejo Regulador de la Ribera del Duero se una a las reivindicaciones de estas seis bodegas para reunirse con la Junta de Castilla y León y conseguir una legislación que “defienda la zona, el entorno y las bodegas”, porque con la posible proliferación de macrogranjas “nos están echando”.
Por su parte, el propietario de El Lagar de Isilla, José Zapatero, matiza que las seis bodegas unidas no están en contra de la instalación “ni de granjas grandes ni pequeñas de cerdos”, sino de que lo hagan en lugares donde “hay otra actividad que va unida a la agroalimentación y al turismo”, porque en ese caso “merma la calidad” de los viñedos cuando hay “muchos terrenos en Castilla y León, lejos de los núcleos urbanos, que no se usan para nada”.
“Pero no hay una normativa que regule esta situación”, se lamenta el propietario de El Lagar de Isilla, recordando que estas bodegas se están gastando “mucho dinero” en activar “una zona que tiene un futuro impresionante con el tema del enoturismo” y que podría revertir la despoblación con “cientos y miles de visitas al año”, fijando decenas de trabajadores del sector en la zona.
Enoturismo en peligro
Sin embargo, la puesta en marcha de las macrogranjas en La Aguilera y San Juan del Monte, “difícil de revertir porque ya se están instalando”, ya está afectando de manera directa a proyectos de enoturismo como el que El Lagar de Isilla tenía previsto realizar en 2020 y que primero paró la pandemia y, ahora, la nueva infraestructura porcina de la zona. “Tenía permitida la instalación de un pozo para generar un emplazamiento al que llevar a la gente que recibimos en la bodega, porque la vista paisajística era preciosa, pero ahora se ve la granja y el impacto no es el mismo”, explica José Zapatero a Ical, que cifra en 8.000 los turistas anuales que reciben en El Lagar de Isilla.
Es por ello que Zapatero espera que estas protestas tengan su efecto en la administración para que “lo regule de otra forma” porque “un paisaje donde en el medio hay una granja de cerdos no es algo que puedas enseñar” y está en juego “el futuro de una comarca ligada a la Ribera del Duero, que tiene nombre a nivel nacional e internacional, y que puede perder mucho si no se establece un criterio razonable para la instalación de estas granjas sin que hagan daño a las bodegas y los viñedos”.
Y es que cualquier proyecto de enoturismo que ahora mismo se quiera instalar en La Aguilera o San Juan del Monteo “está condenado al fracaso”, según explica Ángel Arroyo, portavoz de la bodega Ferratus, ya que “nadie quiere ir a una bodega para volver a su casa oliendo a cerdo, y las vistas que proporcionan este tipo de industrias no son las ideales”.
“Es como si ponen un cementerio de residuos nucleares en la zona, que nadie va a ir allí a hacer turismo”, continúa exponiendo Arroyo, que también señala que Ferratus contaba con una pequeña construcción en la zona para que la gente pudiera comer con vistas al viñedo y que ese proyecto “se ha quedado apartado porque nadie va a querer ir a comer al lado de una macrogranja”.
Por todo ello, Fernando Rodríguez de la Rivera afirma que “el impacto de las macrogranjas para el enoturismo es brutal”. Un sector, el de las visitas asociadas al vino, que solo en Prado Rey acumula 10.000 turistas al año “no solo por el vino, sino por el entorno y por un modo de vender un desarrollo agroganadero, en armonía con el paisaje”, que ahora pueden tirar por el suelo las macrogranjas “con los problemas de olores y contaminación de los acuíferos”.
“Es una cuestión conceptual”, sentencia el CEO de Prado Rey: “¿Qué queremos, que la ribera del Duero sea conocida como una zona de sostenibilidad medioambiental, con un empleo de calidad que genera valor añadido y un potencial económico impresionante por las posibilidades del enoturismo, o que se conozca a la zona por las macrogranjas de cerdos, donde no haya quien venga?”. “Estamos a tiempo de hacer esto de manera ordenada y que la Ribera del Duero se consolide como lo que tiene que ser”, concluye.
