[dropcap]H[/dropcap]an pasado más de 31 años desde la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y más de 11 años de la promulgación de la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ampara el derecho a las mujeres a abortar libremente. Sin embargo, cada día se reciben testimonios de mujeres que cuando quieren ejercer ese derecho inician una carrera de obstáculos en la que se ven ninguneadas y culpabilizadas, y que nos demuestra que pese a esas “rimbombantes leyes”, aquí se sigue penalizando este ejercicio.
Desde el Movimiento Feminista de Salamanca han realizado gestiones, tanto con el Procurador del Común de Castilla y León, como con el Director General de Asistencia Sanitaria de Sacyl, para denunciar el hecho de que no se realizan las IVEs en los hospitales públicos de nuestra comunidad. «En ambos casos se nos ha respondido que el motivo es que los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo se acogen a la objeción de conciencia”.
Sin embargo, no todo el personal sanitario que ejerce en el hospital de Salamanca se ha acogido a la objeción de conciencia en la forma que se explicita en la Ley: “siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito” (artículo 19).
En efecto, así lo ha podido comprobar el Movimiento Feminista tras contactar con algunos de estos profesionales, que han manifestado que no han realizado esa objeción; simplemente, como nunca se ha entendido que esta intervención deba ser prestada por el sistema público, no se ha planteado llevarla a cabo. «Si no hay objeción por escrito y de manera anticipada no hay objeción, de lo que estamos hablando es de una objeción institucional que vulnera la Ley del Aborto».
Desde el Movimiento Feminista de Salamanca entienden que tras este pretexto se está anteponiendo “una posición ideológica”, con la excusa del Derecho a la Objeción de Conciencia de los profesionales sanitarios, al Derecho de las mujeres de poder realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en su lugar de residencia y con las máximas medidas de seguridad y calidad que ofertan los servicios sanitarios públicos.
«Esta situación demuestra una falta de respeto y compromiso con la Ley y causa un daño irreparable a cientos de mujeres que, cuando deciden ejercer su Derecho, reconocido por una Ley Orgánica, sufren la discriminación de tener que desplazarse para una intervención que debería ser asumida por los servicios sanitarios públicos; en nuestro caso, por el servicio de Ginecología de nuestro Hospital».
El número de IVEs que han sido demandados por mujeres en nuestra provincia en el último año publicado (2019) ha sido de 204, de los cuales 128 se han practicado en embarazos de menos de 8 semanas de gestación y el total hasta la semana 14 ha sido de 181. «El resto han sido por el supuesto en el artículo 15 de la Ley: Interrupción por causas médicas. El servicio público cuenta con recursos suficientes para asumir estas intervenciones sin excusa».
El Movimiento Feminista de Salamanca se pregunta: ¿Dónde quedan los derechos de las mujeres? ¿Es que el derecho a nuestra salud tanto física como psicológica está por debajo de las objeciones ideológicas de unos cuantos? «Estamos desprotegidas y seguimos siendo criminalizadas por ejercer un derecho que se ha reconocido por Ley y sigue sin respetarse nuestra decisión de elegir ser madres o no por cualesquiera que sean los motivos que nos llevan a tomar esas decisiones».
Por ello, exigen que existan registros de facultativos médicos y sanitarios objetores de conciencia, como la ley indica, y existan alternativas que garanticen que seamos atendidas en el hospital de referencia público al que pertenecemos.
