Castilla y León registró 15.457 ciberdelitos en 2020, lo que supone un 41 por ciento más que los registrado el año anterior, cuando se denunciaron 10.964. De esta forma, la Comunidad es la sexta autonomía más afectada por este tipo de delitos, después de Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco, de acuerdo al VIII Informe sobre Cibercriminalidad, publicado por el Ministerio del interior, que contabiliza 287.963 hechos delictivos vinculados con las tecnologías de la información en España, un 31,9 por ciento más con respecto a 2019.
Ical.- De los 15.457, la práctica totalidad, (89,5 por ciento), 13.841 ciberdelitos, son fraudes informáticos, seguidos a mucha distancia por las amenazas y coacciones, que fueron 772 en 2020 (leve descenso del dato de 2019, cuando fueron 806), y falsificaciones informáticas (362), que crecen exponencialmente desde 2011.
Asimismo, Interior precisó que los datos contabilizados en esta última década confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad. En aquel año el número de delitos de este tipo apenas alcanzaban los 2.000 en la Comunidad.
En todo el país, de acuerdo con lo sucedido en Castilla y León, del total de ciberdelitos conocidos, el 89,6 por ciento (257.907) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (14.066 casos), que representan un 4,9 por ciento.
El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3 por ciento de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales. Desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana entre las comunidades, que concentran más infracciones penales.
Tras ellas, aparecen País Vasco, Castilla y León, Galicia, Canarias, Baleares y Castilla-La Mancha en el décimo lugar. A la cola del listado por número de delitos registrados se sitúan La Rioja, Cantabria, Navarra, Extremadura y las ciudades autónomas. Interior remarcó que Castilla y León, encontrándose habitualmente en esos últimos puestos en lo que a criminalidad se refiere, se sitúe en cabeza de la tabla al tratarse de denuncias relacionadas con la cibercriminalidad.
A lo largo del año 2020, se reportaron también 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas del país, un 5,2 por ciento más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5 por ciento), seguido del transporte (24,08 por ciento) y la energía (14,05 por ciento).
Este VIII Informe sobre Cibercriminalidad recoge información de todos los cuerpos policiales del territorio nacional, tanto en los hechos conocidos como en detenciones e investigados, motivo que ha permitido reconstruir y actualizar la serie histórica desde el año 2016.
Cibercriminalidad
El Ministerio explicó que el incremento progresivo de los delitos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva. Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.
En el diseño del plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), participaron responsables, especialistas, autoridades y expertos de Policía Nacional y Guardia Civil, policías autonómicas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía Española, CCN-CERT e INCIBE-CERT, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.
