Las movilizaciones piden al menos un ancho de banda mínimo de 100 megabytes, 30 minutos de máximo a servicios esenciales y 30 kilómetros a vías de alta capacidad.
Ical – El espacio principal elegido no fueron las calles, sino las redes sociales, que inundaron con mensajes en los que reclaman servicios igualitarios en el medio rural, a través de los hastags #YoParoPorMiPueblo y #EspañaVaciada.
Sin embargo, en algunas localidades las coordinadoras locales sí prefirieron salir a la calle de una forma simbólica, como ocurrió, por ejemplo, en Soria capital, en San Bartolomé de Pinares (Ávila) y en Geras de Gordón (León), entre otros.
Hartos de cortes en la cobertura e internet, de realizar decenas de kilómetros para acudir a su centro sanitario de referencia, de estar alejado de autovías, del ocio y de la cultura, los habitantes de los municipios de la denominada España Vaciada evidencian sus peticiones a través de su movilización ‘Yo paro por mi pueblo’.
Tal y como conformaron a Ical fuentes de los convocantes, es acción toma el testigo de las dedicadas a la “defensa de la sanidad pública” y “una sanidad rural digna” llevada a cabo el año pasado el primer sábado de octubre.
En esta ocasión, el protagonista de la reivindicación es una de las propuestas destacadas del Modelo de Desarrollo, que detalla las 101 medidas que elaboraron entre las plataformas participantes y que presentaron en el Congreso de los Diputados el pasado mes de mayo para comenzar a revertir el desequilibrio territorial y la despoblación.
Se trata del denominado Plan 100/30/30, que establece unos mínimos deseables para comenzar a reducir esa desigualdad. Así, demandan una conectividad de calidad a internet, exigiendo para ello un ancho de banda mínimo universal de 100 megabytes simétricos, independientemente de si se trata de espacios urbanos o rurales.
Por otra parte, establecen que para que los habitantes de los territorios de la España Vaciada tengan acceso a los servicios públicos básicos, la distancia que deben recorrer para llegar a ellos no debe superar los 30 minutos de tiempo: servicios sanitarios, educativos, sociales, culturales, de ocio o de seguridad ciudadana. Por último, se decreta en 30 kilómetros la distancia máxima para acceder a vías de transporte de alta capacidad, tanto autovías como servicio de ferrocarril, una medida que facilitaría un acceso más rápido a los servicios y fomentaría el desarrollo de estos territorios.