La compañía favorecida por unos pliegos a medida y que fueron anulados por la Justicia consigue ahora un incremento del precio del contrato gracias a la complicidad del Gobierno municipal, que lleva más de dos años sin ejecutar la sentencia judicial que obliga al Ayuntamiento a realizar una nueva licitación.
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Salamanca denunció este jueves «la connivencia y la inacción del equipo de Gobierno del PP y de Ciudadanos respecto a la situación absolutamente irregular en la que continúa el contrato millonario del servicio público de autobús urbano más de dos años y medio después de su anulación definitiva en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al quedar probado que los pliegos fueron hechos a medida de la empresa adjudicataria».
A pesar de que la explotación del servicio permanece al margen de la ley, «el Gobierno municipal sigue sin acatar el mandato judicial y sin respetar el interés general de la ciudadanía salmantina, hasta el punto de llevar al Pleno municipal de este viernes, 8 de octubre, la adopción de un régimen transitorio que regule la continuidad del servicio público de transporte urbano de viajeros mientras no se produzca la nueva adjudicación, cuestión en la debería centrar sus esfuerzos y que ya debería ser una realidad».
Esta «burda maniobra del PP para seguir beneficiando a una determinada empresa sin justificación alguna», según indica el PSOE, «va a suponer un encarecimiento del contrato del servicio de autobús urbano en más de un 5,71 %, es decir, el desembolso aproximado de 700.000 euros anuales procedentes de las arcas municipales. Mientras tanto, el ciudadano no puede disfrutar de un servicio público de calidad, al no haberse implementado todas las mejoras prometidas, al permitir unas condiciones laborales precarizadas y al no abordar la falta de conexiones importantes en diferentes puntos de la ciudad, así como el refuerzo necesario en horas punta», señala el grupo socialista.
En concreto, con esta nueva decisión «el PP se pliega una vez más y sin ningún pudor a los intereses particulares y no duda en atender la petición de revisión de condiciones que realiza ahora la empresa adjudicataria, Salamanca de Transportes, sin importarle que lleve más de seis años explotando un contrato de 144 millones de euros que ha sido anulado por los tribunales», agrega la oposición.
Artimañas para darle de nuevo el contrato
Tras agotar todas las instancias judiciales con el único interés de perpetuar su situación de privilegio, demorando con ello la posibilidad de que se iniciara la licitación de un nuevo proceso, «la empresa pretende ahora modificar la condición por la que se adjudicó el contrato en el año 2014: el precio por kilómetro ofertado, esgrimiendo la existencia de unas supuestas pérdidas desde el inicio de la adjudicación», indica.
Este argumento no resulta creíble ni para el grupo socialista ni para el propio órgano municipal de contratación. En su día, Salamanca de Transportes presentó una oferta de precio por kilómetro con una baja considerable, lo que propició que fuera la empresa finalmente elegida frente al resto de competidores, además de verse favorecida por el resto de cláusulas del pliego de condiciones hechas a su medida, «y ahora pretende modificar esa posición de ventaja y esa condición del contrato, extremo imposible al estar anulado».
Además, los socialistas recuerdan que esta empresa es la misma que lleva explotando el servicio de autobús urbano en la ciudad de Salamanca desde el año 1987, por lo que tiene pleno conocimiento de los gastos de explotación. En este sentido, consideran que si en 2014 realizó una oferta sobre el precio por kilómetro a la baja, «debe asumir en exclusiva las consecuencias de sus propios actos y no a costa del dinero de los salmantinos, como va a ocurrir porque el PP así lo decide y así lo ampara, desplegando sus habituales prácticas de amiguismo en la gestión municipal«.
Los concejales del PSOE han exigido en múltiples ocasiones, tanto en comisiones como en sesiones plenarias, la ejecución de la sentencia judicial del TSJCyL y que con carácter inmediato el Ayuntamiento de Salamanca saque a licitación el nuevo contrato. «Sin embargo, tanto los populares como quienes venían a regenerar la política están retrasando de forma deliberada el cumplimiento de la legalidad vigente, como quedó demostrado públicamente en el Pleno celebrado el pasado mes de abril, en el que rechazaron en bloque y con su voto en contra una moción socialista en esta línea».
Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista seguirá exigiendo en todo momento el cumplimiento de la ley y el respeto al interés general frente a los intereses de unos pocos. Además, vuelve a reclamar la elaboración de un estudio económico-financiero para valorar desde criterios técnicos la posibilidad de remunicipalización del servicio público de autobús urbano, esencial para la ciudadanía salmantina, garantizando la calidad de la prestación, el impacto positivo para trabajadores y usuarios y los costes para las arcas municipales.
