Los representantes de los trabajadores de las ambulancias han pedido a la Junta de Castilla y León que, de forma inmediata, establezca un marco de negociación para el rescate y la internalización del servicio de transporte sanitario terrestre. Afirman que una gestión directa y centralizada del servicio por medio del Sacyl, lo que redundaría en una mejora sensible del servicio, así como en una mayor flexibilidad y agilidad del mismo.
En las condiciones actuales, los trabajadores indican que Castilla y León tiene «un serio problema a corto plazo de mantenimiento ya no solo de la calidad sino también de la propia existencia del servicio público del Transporte Sanitario», debido a los conflictos laborales, incumplimientos contractuales y sentencias judiciales “que nos obligan a hacer un replanteamiento urgente del mismo y de su gestión”, según señalan los secretarios regionales de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés Granado.
Precisan que hay comunidades autónomas con mayor responsabilidad en la gestión de este servicio y varias más que se plantean recuperarla por completo. También indican que no habría problemas para subrogarse la plantilla actual, así como los vehículos e instalaciones.
Señalan que la apertura de la mencionada negociación significaría, en primer lugar, «la paralización de los trabajos iniciados para la licitación del nuevo concurso previsto para el año 2022, o al menos, reducir la duración prevista del nuevo concurso mientras se llevan a cabo las modificaciones normativas y legislativas necesarias».
La gestión directa de las ambulancias por Sacyl supondría, según explican, «un ahorro económico directo vía eliminación del IVA y del beneficio industrial, este último cifrado en un 6%».
Con ese dinero se podría «afrontar con suficiencia» una subida salarial para todo el personal para tratar de equipararse con la media nacional, ahora muy lejana. Asimismo, se solucionaría el problema de jornada y se crearía empleo de calidad, reduciendo por un lado la elevada conflictividad social en el sector y, por otro lado, frenando la sangría de profesionales TES y de otras categorías hacia otras comunidades autónomas que ofrecen mejores condiciones.
Viene de lejos
El servicio de transporte sanitario en el ámbito de Castilla y León, un servicio esencial incluido entre los que la Consejería de Sanidad presta a la ciudadanía de esta Comunidad, fue, desde su inicio, entregado mediante concurso público a la iniciativa privada.
Cabe recordar que las diferentes tareas que se realizan a través de este servicio (traslados de pacientes de carácter programado, traslado y primera atención de heridos o pacientes con sintomatología grave o muy grave, traslado de los profesionales de la sanidad pública…) son de vital importancia para la protección de la salud e, incluso, para la protección de la vida de los residentes en Castilla y León. De ahí su conceptuación de esencial.
El servicio se cimenta en un sistema de gestión separado para los casos urgentes de los programados, un parque de vehículos homologado y dotado del equipamiento necesario respecto de las funciones a realizar y en un personal altamente cualificado tanto en términos de profesionalidad como de dedicación al trabajo que desempeñan diariamente.
Como consecuencia de la crisis que se inició en el año 2008, el personal que presta este servicio de transporte sanitario terrestre vio reducido drásticamente sus percepciones salariales, hecho que, en la actualidad, no ha sido revertido. La consecuencia, lógica, es que en la actualidad los profesionales que componen el sector en el ámbito de Castilla y León son los peor pagados en el conjunto nacional (más de un 20% por debajo de la media estatal).
Unido al hecho anterior, existe un grave problema en materia de jornada que obliga a que, al menos, el 60% de la plantilla (más de 1.100 trabajadoras y trabajadores aproximadamente de un total de 1.900) deben realizar más de 200 horas extraordinarias anuales por las que reciben una compensación que no alcanza el 40% de su valor real, es decir, se comete una doble irregularidad, exceso del número de horas extraordinarias realizadas y la falta de compensación de este exceso de trabajo.
La eliminación de este ingente número de horas extraordinarias repercutiría en la creación de más de 200 puestos de trabajo directos de forma inmediata.
Las anteriores irregularidades se esconden en la necesidad del mantenimiento de un servicio esencial tan necesario. Las empresas adjudicatarias argumentan la obligación de ejecutar un servicio esencial, tan necesario para la comunidad, para maltratar laboral y salarialmente al personal a su servicio.
Desde el año 2014 cuando ya era patente el malestar, incluso indignación, por la situación anteriormente explicada se vive una situación de conflicto permanente. No solo permanente, se va agudizando a medida que avanza el tiempo y no se llega a ningún tipo de solución.
La Junta de Castilla y León ha realizado en el pasado algunos esfuerzos, “mínimos”, dicen los trabajadores, para intentar favorecer la salida al mencionado conflicto a través de alguna mejora económica a las empresas adjudicatarias. “Una inyección económica que debería haberse trasladado de forma proporcional e inmediata para mejorar las condiciones salariales y de jornada, pero esto no ha ocurrido. Las empresas, en su mayoría pertenecientes a grupos de ámbito estatal e, incluso, multinacional, han dedicado buena parte de esos ingresos extras para tapar agujeros que se producían como consecuencia de negocios que no tienen nada que ver con la prestación del servicio en nuestra Comunidad. Un hecho que pone en entredicho la solvencia económica de estas compañías para llevar adelante la tarea contratada y comprometida, y que supone una fuga de capital hacia otros territorios”, señalan.
Agregan que el capital humano que presta este servicio es sustancial, muy por encima de otras muchas actividades, “por lo que es necesario contar, por encima de lo vocacional, con un personal muy profesional, perfectamente formado y muy motivado. Motivación que es imposible si se mantienen las actuales condiciones laborales y salariales”.
