Las personas que viven en condiciones de privación material severa en Castilla y León han aumentado un 56 por ciento en el último año, motivado sobre todo por los efectos de la pandemia del COVID, por lo que la cifra se eleva hasta las 86.000.
Ical.- Son 31.000 más que en 2020 que no pueden hacer frente al menos a cuatro de nuevos conceptos o ítems de consumo básico, entre los que se encuentran tener comida de carne o pescado cada dos días, mantener su vivienda a una temperatura adecuada, imposibilidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros), retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler y recibos de suministros como gas y luz o de la comunidad) o irse de vacaciones al menos una semana al año, entre otros.
Es una de las principales conclusiones del estudio ‘El estado de la pobreza. Informe sobre la situación de pobreza y la exclusión social en Castilla y León’, que incluye la tasa Arope, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN CyL). No en vano, el indicador de Privación Material Severa es el único del informe que refleja las consecuencias de la crisis sanitaria, ya que el resto hace referencia a datos recogidos a 2019 y, por tanto, anteriores a la pandemia.
El presidente autonómico de EAPN, Óscar Castro, subrayó hoy en las Cortes que la conclusión es que el impacto del COVID ha sido mayor en los estratos de población que ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad antes del inicio de la última crisis, ya que ha aumentado la población que manifiesta tener “muchas dificultades” para llegar a final de mes. “La privación material severa nos anticipa que hay que estar muy atentos a los efectos que provocará la pandemia, ya que, lejos de estar paliándose en el ámbito social, será a partir de ahora cuando veamos sus consecuencias”, alertó.
El informe Arope 2008-2020 recoge que la tasa de riesgo de pobreza (ingresos por debajo de los 843 euros) en la Comunidad ha pasado del 12,9 en 2019 al 15,1 por ciento el año pasado. Con estos porcentajes, Castilla y León tiene 363.000 personas pobres, de las cuales 132.000 están en situación de pobreza severa, un número que aumenta hasta las 474.000 al incluir las que están en riesgo de pobreza o exclusión social (73.000 más que el año anterior).
En este sentido, la tasa de pobreza severa (ingresos por debajo de los 550 euros) ha descendido, pasando de un seis por ciento en el 2019 a un 5,5 por ciento en el 2020. Es decir, es un indicador que no está afectado por los efectos del coronavirus. Pese a ello, no se ha recuperado la situación previa a la crisis económica del 2008, cuando ese índice se situaba en el 4,5 por ciento.
Tasa Arope del 19,8%
La tasa Arope (de referencia a nivel europeo, que mide la población en riesgo de pobreza, con carencia o privación material severa y que vive en hogares con baja intensidad de empleo) ha subido en Castilla y León un 18,7 por ciento con relación al año pasado, hasta afectar al 19,8 por ciento de la población de la Comunidad en 2020.
Pese a estar por debajo de la media nacional y situarse como la quinta comunidad con menor porcentaje, la coordinadora de la Oficina Técnica de EAPN Castilla y León, Rebeca Madruga, lamentó que muchos ciudadanos que deben hacer frente a una economía de supervivencia. Son personas que tienen que elegir, constantemente, entre unas necesidades básicas u otras como alimentación, poner la calefacción o material escolar de los hijos. “Cualquier imprevisto como la avería de un electrodoméstico supone un gran desajuste de la economía familiar por que otras necesidades básicas quedan desatendidas”, precisó.
En cuanto a la población que vive en hogares con baja intensidad de empleo, el 7,9 por ciento de los menores de 60 años residentes en Castilla y León está afectado por la precariedad laboral, ya sea por tener contratos por horas o trabajos temporales.
Es un cálculo obtenido con datos de 2019, por lo que tampoco se reflejan los efectos de la pandemia. De los 126.000 castellanos y leoneses en esta situación, el 53 por ciento es mujer. Además, el 39,2 por ciento de las pensiones contributivas y el 54,2 por ciento de las de viudedad en Castila y León está por debajo del umbral de la pobreza.
Madruga recordó que la recuperación de la crisis económica anterior no llegó a todos los estratos de la sociedad, ya que hubo un porcentaje de la población que se “cronificó”. En este sentido, recordó que la renta media aumentó en Castilla y León, al pasar de 17.233 a 18.284 euros anuales, que contrasta con el incremento de la tasa de pobreza.
”Esto demuestra que está aumentado la brecha social y la desigualdad. El crecimiento por sí solo no significa que se reduzca la pobreza por que esta mejora debe venir acompañada de políticas coordinadas, cohesionadas e integradas que alcance a toda la población y garanticen la transferencia de riqueza”, aseveró. Fue entonces cuando mencionó la llegada de “muchos” fondos vinculados a la recuperación que deberán ser utilizados de manera adecuada para contribuir a reducir la brecha social.
Castro aprovechó la presentación del informe para subrayar la importancia, ante el momento actual, de centrarse en la recuperación social pero también en la “transformación en la forma en que se entiende la atención y la acción social”. No en vano, precisó, según recogió la Agencia Ical, que el tercer sector debe ser visto como un “aliado estratégico”, no solo para la intervención directa y la prestación de servicios sino para “nutrir” con su conocimiento y experiencia el diseño de medidas y políticas sociales que son necesarias para conseguir una sociedad cohesionada y que la gente pueda vivir, con igualdad y dignidad. ”Hagamos entre todos una Castilla y León más solidaria, más humana y más justa”, sentenció.
Más inversión en justicia social
El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, reconoció que algunos datos no son “duros” sino “muy duros” y que, pese a se toman medidas para paliar las consecuencias de la grave crisis, “ni de lejos, es suficiente lo que hacemos”. De ahí que asegurara que seguirán dando la “batalla”, ejerciendo de “altavoces” para visibilizar este tipo de situaciones y poniendo sobre la mesa la foto que fija que ofrece EAPN. “Una vez conocido el diagnóstico, hay que tomar las decisiones firmes que promuevan una mayor inversión en justicia social y dar cobertura a los más vulnerables”, significó.
Fuentes manifestó, según Ical, que los datos recogidos en el informe de EAPN merecen la reflexión respecto a las realidades de la exclusión y el empobrecimiento que ha dejado la pandemia. “En esta legislatura, bajo mi Presidencia, nos hemos fijado como objetivos estar cerca de las entidades y asociaciones que conforma el tercer sector en la Comunidad para que, entre todos, podamos sensibilizar a la sociedad que, a veces, se olvida de la importancia del servicio a los demás para progresar, sin dejar a nadie atrás”, añadió.
También se refirió que el próximo 28 de octubre se celebrará un encuentro en el seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (Carle), que se centrará en los Objetivos de Desarrollo Sostenible más sociales.
