Miguel Borras, presidente nacional de CSIF, exigió este viernes al Gobierno de España en las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado un incremento salarial del 3,5 por ciento y una cláusula de revisión para los empleados públicos para el año 2022, cifrados en más de 85.000 en el conjunto de la Comunidad. Además, solicitó la recuperación de la estructura salarial previa los recortes 2010, de la mano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la restitución del poder adquisitivo
ICAL. Durante un encuentro de trabajo en Palencia, Borras trasladó a la Agencia Ical que el sindicato ha presentado una serie de enmiendas que tienen por objeto mejorar las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos. «Más allá del reconocimiento social a la labor de estos servidores públicos, que ha sido sacrificada y ejemplar durante la pandemia, la tramitación de los presupuestos de impulsar la recuperación de sus retribuciones, mermadas en los últimos años»
En ese sentido, el responsable nacional dejó clara la necesidad de «romper la dinámica de que los trabajadores públicos tienen que ser los que pierdan poder adquisitivo», quien afirmó que dicha pérdida se cuantifica en 18 meses trabajados gratis en la última década por parte de un médico o de 15 meses en el caso de un maestro o enfermera.
Desde CSIF también pidieron:
La supresión de la tasa de reposición para que se pueda aumentar una oferta empleo público que necesitan unas plantillas insuficientes.
- El restablecimiento de la jornada de 35 horas semanales.
- Las lenguas cooficiales sean un mérito y no un requisito.
- La creación de la figura del delegado o delegada de igualdad y contra la violencia de género, apuntaron.
Temporalidad e interinos
Borras aseguró que hay que terminar con la temporalidad laboral, que las administraciones públicas ahora mismo es del 31,6 por ciento, lo que supone diez puntos más que en el sector privado. Por ello, ante el acuerdo de los grupos parlamentarios en el día de ayer sobre la interinidad, llamó a la prudencia para saber «cómo se acaba transponiendo la norma y qué se acaba aprobando y saliendo del Congreso de los Diputados».
«Somos exigentes porque queremos seguridad jurídica, ya que hay muchas actuaciones y leyes de los diversos gobiernos que son posteriormente corregidas o tumbadas por los tribunales. Los interinos llevan muchos años en esta situación y hay que dar una solución que posea esa seguridad jurídica», subrayó.
De esa forma, recalcó a la Agencia Ical que el resultado debe estar «dentro del ordenamiento jurídico con un armazón que no pueda ser anulado, porque sino se generaría de nuevo incertidumbre». Se preguntó el motivo de transformar automáticamente a todos los interinos con cinco o más años en trabajadores públicos, cuando hay sentencias del Tribunal Supremo que califican como «abuso todos los casos en los que la temporalidad supere los tres años».
No obstante, trasladó que están muy atentos a la espera de los resultados y la literalidad del texto para dar solución a un problema generado por «las propias administraciones al no convocar las ofertas públicas con suficiente repetición». Y es que, muchas personas no han tenido ninguna opción o muy pocas ocasiones para poder estabilizar su plaza, aseveró Miguel Borras.
