¿Es posible la subsistencia de un sector socializado en una sociedad inequívocamente capitalista? Viene esta pregunta a cuento de los problemas que atraviesa el sistema sanitario público español sumido en una crisis que tiene su origen en el déficit presupuestario y en la propia organización del sistema, pero que hunde sus raíces en las contradicciones que genera el modelo de organización económica y social.
Vaya de antemano mi opinión de que cuanto sucede, más que en una contradicción del sistema, tiene su explicación en el pensamiento neoliberal llevado hasta sus últimas consecuencias, pensamiento que infiltra en mayor o menor medida a los principales partidos de gobierno en España, desde el PP al PSOE, pasando por partidos como el PNV o Junts Per Catalunya. Todos ellos han asumido la ideología que coloca al mercado como el bien supremo y al sector público como subsidiario de aquel, susceptible de ser fagocitado por el sector privado en cuanto que genere negocio y beneficios. Esto no sucede, o tiene lugar en menor medida, en otros países también capitalistas pero que tienen mayor respeto y estima por los servicios públicos.
Esta ideología aplicada a la práctica política no afecta solo al sistema sanitario público, afecta también a cualquier otro sector público: pensiones, educación, vivienda, asistencia social, etc., todos ellos potenciales generadores de beneficios para el ejercicio privado, en ocasiones directamente a cargo de los presupuestos públicos y en otras mediante subvenciones o externalización de sus servicios y siempre, para que ello sea posible, debilitando la organización pública que debe prestarlos asfixiándola económicamente para sumirla en una crisis de reputación y deslegitimarla ante la opinión pública a través de la opinión publicada.
En el caso de la asistencia sanitaria se trata de una política diseñada hace muchos años y asumida en mayor o menor medida, y de mejor o peor grado, por los dos principales partidos. Bajo el eufemismo de Planes de Sostenibilidad y con diversas fórmulas jurídicas elaboradas ‘ad hoc’ a la externalización de servicios no estrictamente asistenciales (lavandería, cocina, entretenimiento, parking…) ha seguido la privatización más o menos encubierta de la propia asistencia sanitaria, generalmente la atención especializada que es más cara y por tanto genera mayor facturación a favor de las empresas, y en menor medida la atención primaria, que por sus propias características resulta más difícil de privatizar y cuyos intentos han terminado en fracasos sonados, lo que ha obligado revertirlos al sistema público. Alcira en la Comunidad Valencia y Verín en Galicia son dos buenos ejemplos de estos “experimentos” que han costado mucho dinero público.
Hasta hace unos años todo sucedía de forma más o menos oculta, pero en los últimos años la presión sobre los gobiernos de las grandes multinacionales con intereses económicos en el negocio sanitario, con la connivencia de los medios de comunicación y en medio de la corrupción política tiene lugar de forma explícita, incluso descarada. El papel que están jugando los medios de comunicación en este sentido no debe ser menospreciado.
Todo ello cuenta con el estado de desarme social de la ciudadanía, agobiada por numerosos problemas de subsistencia inmediata a corto plazo, que le impide ver lo que se viene encima si el sistema sanitario deja de ser público y, especialmente, si la sanidad deja de ser accesible, equitativa y universal. Las personas que han tenido contratos con compañías aseguradoras sí que conocen bien como el precio de las pólizas se incrementa y las coberturas garantizadas disminuyen con la edad o cuando enferman, y como una práctica generalizada es inducir a sus asegurados a que acudan a la sanidad pública cuando los problemas de salud son graves y tienen un coste económico muy elevado y, por tanto, dejan de ser rentables para las aseguradoras privadas.
Cada ciudadano tiene que entender que a la sanidad privada le interesa su dinero mientras que a la sanidad pública le interesa su salud. Es necesario ser conscientes que la asistencia sanitaria pública está en riesgo y que hay que defenderla entre todos por los procedimientos que tenemos a nuestro alcance que son dos fundamentalmente: intervención permanente en la vida pública participando en movilizaciones si es necesario y exigiendo a los partidos políticos un posicionamiento público y un compromiso inequívoco a favor de la misma para otorgarles nuestro voto, un voto que una vez otorgado no debe ser gratuito sino un voto vigilante, en estado de alerta permanente.