El Gobierno aspira a crear 3.765 plazas públicas de educación de 0 a 3 años en Castilla y León, en tres fases diferenciadas hasta 2023, con una inversión total de 38,4 millones de euros. Así lo estableció el Consejo de Ministros, que aprobó este martes distribuir 666 millones del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia para crear 65.382 plazas de titularidad pública en el primer ciclo de Educación Infantil.
Ical.- El ejecutivo impulsa esta medida para reforzar estos servicios educativos en ámbitos como las zonas rurales, donde hay menor oferta privada y para áreas donde viven familias con bajo nivel educativo y de renta, familias monoparentales, minorías, población gitana o familias migrantes.
En el desglose del reparto de los fondos, para el ejercicio de 2021 se aprueban ya 11,5 millones de euros para la Comunidad, para la creación de 1.255 plazas; en 2022 se ejecutarán 19 millones y en 2023 serán 7,7 millones, para generar exactamente el mismo número de plazas en cada año. En España, se destinan 200 millones para este años; 330 para 2022 y 135 para 2023. En 2021 se contempla crear 21.794 plazas; al mismo número se aspira en cada uno de los ejercicios posteriores.
Con esta medida, la oferta pública duplicaría a la privada, que actualmente ronda los 5.000 centros infantiles y se destinarían 10.195 euros por nueva plaza pública.
Según los cálculos del Ejecutivo, hasta 2023 se destinarán 123 millones para escuelas infantiles andaluzas (12.000 plazas); Cataluña percibirá 111 millones (para casi 11.000 plazas) y la Comunidad Valenciana casi 70 millones (6.800). La cuarta comunidad con mayor asignación es Madrid, con 53,5 millones (5.200).
Bien recibida
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, recalcó que las plazas serán “públicas y gratuitas” y añadió que cree que la medida será “muy bien recibida” por las familias. “Son este tipo de medidas las que garantizan la equidad, la igualdad de oportunidades y la mejor de la calidad del sistema educativo”, añadió.
En su opinión, la medida tiene “un importante impacto social” y recordó que actualmente la población escolarizada en esa etapa es, de media, del 38 por ciento y que es muy distinto dependiendo de la renta familiar, ya que quienes ganan menos tienen una tasa del 26 por ciento, y que organismos internacionales señalan los beneficios de escolarizar en esta etapa para el posterior desarrollo de los niños. Alegría también argumentó que la medida creará puestos de trabajo, especialmente femeninos, y facilitará la conciliación de las familias.
En cuanto al reparto de las ayudas, la ministra indicó que para ello se han considerado cuestiones como la población total infantil que hay en cada comunidad autónoma o la dispersión de la población.
