Los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Cantabria, Aragón y Asturias, las comunidades autónomas que integran el conocido como ‘grupo de los ocho’, firmaron este martes en Santiago de Compostela una declaración institucional conjunta en la que defienden que el nuevo modelo de financiación autonómica tenga en cuenta el coste real de los servicios que se prestan, así como otras variables demográficas como la superficie, la dispersión de la población o el envejecimiento, que sirvan para poner freno al problema de la despoblación. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, resumió la postura de los participantes al reclamar que “todas las personas deben recibir los mismos servicios, vivan donde vivan”.
Ical.- Al respecto, el presidente de Castilla y León señaló que esta Declaración de Santiago, integrada por 35 puntos, supone una “apuesta clara por el estado de las autonomías” y pretende “poner a los desafíos demográficos en el centro del debate”.
En ese sentido, Mañueco consideró imprescindible que los servicios públicos esenciales, como la educación, la sanidad y los servicios sociales, lleguen a todos los territorios de la mano de una financiación “suficiente” que garantice la igualdad y la cohesión territorial “por encima de ideologías”. “Nos jugamos mucho”, apuntó el presidente de la Junta, que consideró que las “propuestas constructivas” planteadas hoy suponen “un paso al frente para mejorar el estado de las autonomías”.
En la misma línea, Mañueco apeló a la lealtad para “lograr consensos multilaterales” en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y reclamó un “esfuerzo” al resto del país para hacer frente a la realidad de que “el coste de los servicios no es igual en todos los territorios”. Como ejemplo, citó el caso de Castilla y León, que acumula el cinco por ciento de la población española pero cuenta en su territorio con el 38 por ciento de los consultorios médicos rurales, el 17 por ciento de las carreteras autonómicas del Estado o el 18 por ciento de la superficie forestal.
Además de los 35 puntos que componen la declaración, el documento incorpora una adenda en apoyo a la ganadería extensiva, en la que reclaman al Gobierno que “recupere los espacios de consenso y diálogo” en lo relativo a la gestión y conservación del lobo. La adenda no cuenta con las firmas de La Rioja ni de Extremadura.
Cuestión demográfica
Tras la firma del documento conjunto, los diferentes presidentes autonómicos detallaron algunos de los contenidos del mismo. En su turno de palabra, el anfitrión del evento y presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recalcó que “hoy no es noticia la bronca y el ruido, sino el acercamiento y el diálogo” y valoró un documento que sirve para que los territorios implicados defiendan conjuntamente sus intereses y aborden de manera común los problemas similares que sufren.
Según Feijóo, “la cuestión demográfica es la principal hipoteca de España”y los fondos europeos Next Generation suponen una oportunidad para favorecer el desarrollo sostenible en estos territorios. Por su parte, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, valoró la reunión como “un signo de madurez del estado autonómico” y subrayó que la despoblación “no es un problema sólo de una parte del país”.
En el mismo sentido, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, remarcó que esta Declaración de Santiago “no se hace contra nadie” y está abierta a la incorporación de nuevas autonomías. Según García-Page, este “foro de diálogo abierto y en positivo” trata de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
En una línea similar se pronunció el presidente aragonés, Javier Lambán, que subrayó que “es perfectamente posible hacer política superando el frentismo”, como demuestra la reunión de hoy. Lambán indicó que la financiación autonómica y el abandono de la España rural son “dos caras de la misma moneda” y reclamó que la misma atención que se dedica a garantizar el futuro de las pensiones se preste al futuro de la sanidad, la educación y los servicios sociales, los tres pilares básicos estado del bienestar. “Si no se adoptan medidas drásticas, las comunidades autónomas están abocadas a la inviabilidad”, afirmó.
Igualmente, la presidenta riojana, Concepción Andreu, apuntó la necesidad de “llegar a un acuerdo global de país” para mejorar la atención sanitaria y paliar la falta de médicos que afecta en mayor o menor medida a todos los territorios, mientras que el presidente asturiano, Adrián Barbón, valoró la búsqueda de posiciones que contribuyan al consenso en base al principio de solidaridad consagrado por el artículo 2 de la Constitución.
Por último, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, lamentó que España sea “el país peor articulado territorialmente de Europa”, con un desequilibrio importante entre las grandes urbes y “la España que produce alimentos”. “La financiación no se puede hacer por número de habitantes, hay que hacerlo en función del coste de los servicios”, insistió Revilla, que será anfitrión del próximo encuentro a celebrar, que tendrá lugar en la localidad de Comillas.
Puntos del acuerdo
Entre los principales puntos recogidos por la Declaración de Santiago, destaca la apuesta de las ocho comunidades autónomas por el desarrollo sostenible de las zonas rurales y la reclamación de que territorios como Teruel, Soria o Cuenca sean considerados como “zonas escasamente pobladas”. El apoyo a los sectores productores y la defensa del modelo sanitario centran varios de los puntos de un acuerdo orientado a la reforma del modelo de financiación autonómica.
En ese sentido, las comunidades firmantes consideran que el nuevo sistema debe ser fruto de un “consenso multilateral” en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera e instan al Gobierno a “definir cuanto antes una metodología de trabajo” común para todos los territorios.
