[dropcap]E[/dropcap]l gobierno prepara un Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo para el periodo 2021-2025 y ha enviado el borrador a las comunidades autónomas y sociedades científicas, para que realicen las aportaciones que consideren oportunas antes de remitirlo al parlamento para su aprobación. En realidad, las sociedades científicas en general, y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica en particular, hace tiempo que venimos reclamando no solo un plan, que bienvenido sea si llega con recursos, sino una nueva ley.
La letra y la música del borrador suenan bien, recogen la mayoría de las recomendaciones de las sociedades médicas, pero vista la experiencia con las leyes anteriores hay que ser prudentes y no bajar la guardia. Tanto en la tramitación de la Ley de 2005 como en la de 2010, y en la posterior modificación de 2017, el resultado final, plasmado en el BOE, distaba mucho de sus primitivos borradores ya que durante la tramitación parlamentaria (en algún caso en el viaje desde la Carrera de San Jerónimo a la plaza de la Marina Española) sufrieron muchas modificaciones “a la baja” por la presión de lobbies españoles e internacionales ligados a la industria del tabaco. Esperamos que en esta ocasión tanto el gobierno como el parlamento estén a la altura de las circunstancias y no cedan a las presiones de una industria que produce adicción, enfermedad, discapacidad y muerte (60.000 muertos al año en España) y que atenta contra la propia sostenibilidad del sistema sanitario.
Se necesita una Ley con nuevas normas legales y se necesita también un Plan que se acompañe de los recursos necesarios para hacer cumplir la Ley. Ambos deberían incluir las siguientes modificaciones:
1.-Aumento sustancialmente del precio de todos los productos del tabaco incluidos los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado. El precio de las cajetillas en España es sustancialmente más bajo que en el resto de los países europeos de nuestro entorno y con capacidad adquisitiva similar, y se encuentra muy lejos del precio en países como Italia, Alemania, Francia, o Irlanda.Un incremento del precio del 10% supone un descenso del consumo del 4%. En España ello supondría disminuir el consumoanual en 1.513 millones de cigarrillos.
2.- Prohibir fumar en espacios abiertos concurridos o con afluencia de niños como parques, terrazas, estadios, plazas de toros y playas. En realidad, se debería prohibir fumar en cualquier espacio en el que haya gente. La Ley debe contemplar la estricta vigilancia del cumplimiento de la norma y establecer sanciones disuasorias del incumplimiento de la misma. En el caso de las playas distintos ayuntamientos han elaborado normativas contra el abandono de colillas en la arena,aspecto que influye en la adjudicación de banderas por la Comunidad Europea, que lo cataloga como un atentado ecológico, y cuya limpieza tiene un elevado coste para las arcas municipales.
3.- Prohibición de fumar en determinados espacios cerrados privados, como los coches, cuando viajen menores. Esta prohibición que afecta por extensión, además de la salud a la seguridad vial, debería ser también recogida por la DGT en el código de circulación, estableciendo las sanciones oportunas siguiendo el modelo establecido de prohibir hablar por el móvil mientras se conduce.
4.- Empaquetado genérico de todos los productos del tabaco desapareciendo formas, logos y colores que se identifican con la imagen de marca. Esta medida ha disminuido el consumo en todos los países en los que se ha implantado y rompe el gancho publicitario destinado a iniciar al consumo a niños y jóvenes.
5.- Regular estrictamente la venta, publicidad y consumo de cigarrillos electrónicos y de los dispositivos que calientan tabaco. Deben estar sometidos a las mismas limitaciones que el resto de productos de tabaco.
6.- Incrementar la asistencia sanitaria a fumadores que desean abandonar el consumo de tabaco facilitando la ayuda en los centros de atención primaria, la creación de unidades de tabaquismo dotadas de suficientes recursos humanos y tecnológicos en todo el Sistema Nacional de Salud, así como la financiación de los tratamientos farmacológicos que han demostrado seguridad, eficacia y una relación coste/beneficio favorable. Su financiación debería considerarse como una inversión para garantizar la sostenibilidad del SNS.
Comunidades autónomas como Cataluña, Galicia o Euskadi ya han avanzado hace algunos meses su intención de aplicar algunas de estas normas que ahora deben tener su encaje en el Plan y la Ley estatal que prepara el gobierno. Es de esperar que, en esta ocasión, al obstruccionismo por parte de la industria tabaquera y sus aliados comerciales y políticos no se añada el filibusterismo de ningún partido democrático ni de ninguna instancia judicial y tampoco tenga lugar una utilización torticera del tema por los medios de comunicación, sino que estos reflejen el debate en sus justos términos que son los de promoción de la salud personal y de la salud pública.
La experiencia de lo sucedido con la Covid no anima mucho a ser optimistas pero lo que si garantizamos es que desde el Movimiento de Prevención del Tabaquismo empujaremos firmemente en el sentido correcto de la historia. En 2030 el tabaco debería ser ya una cuestión del pasado.
