Luis Tudanca, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, reivindicó la necesidad de pasar de los “aplausos” a los “hechos” con los empleados públicos de Castilla y León a los que prometió implantar la jornada laboral de 35 horas semanales, la equiparación salarial con otras comunidades y reducir la temporalidad, así como el desarrollo de la carrera profesional y nueva ley de función pública que evalúe las políticas y limite los puestos de libre designación
ICAL. Tudanca comenzó la última semana de la campaña electoral del 13 de febrero con un acto sectorial sobre función pública, moderado por la socialista leonesa Yolanda Sacristán, en el Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos en el que compartió su proyecto político con responsables sindicales de UGT, CCOO y Csif, que exigieron un compromiso con lo público, tras una legislatura “pérdida”, y avanzar en la modernización y digitalización de la administración.
El dirigente socialista aseguró que en este momento Castilla y León tiene una “magnífica oportunidad”, por primera vez en la historia, para afrontar la modernización de la administración y el blindaje de los servicios públicos con la llegada de los fondos europeos. Por primera vez, añadió Tudanca, no hay un problema de “dinero”, por lo que criticó la gestión “ineficaz” del PP que cierra los ejercicios presupuestarios con superávit, sin resolver los retos de la función pública.
El candidato planteó las ‘recetas’ del PSOE para la función público, entre las que situó la devolución de la jornada de 35 años, que recordó el PP prometió en la anterior campaña y que no ha aplicado en estos dos años y medio. Para ello, reconoció que es necesario aumentar las plantillas. También planteó el desarrollo “por fin” de la carrera profesional y la promoción interna, así como ordenar las oposiciones, concursos y comisiones de servicio, que recalcó han generado que algunos empleados ocupen durante 30 años las plazas.
“Llueve sobre mojado”, dijo fruto de decisiones “erróneas no consensuadas”. Por ello, comprometió una nueva ley de función pública, que limite los puestos de libre designación y evalúe las políticas públicas para analizar su “eficacia”. También planteó la aplicación de incentivos para la ocupación de plazas de difícil cobertura, no solo de sanidad, así como modernizar la administración y desarrollar “bien” el teletrabajo. Además, consideró necesario mejorar la formación, implantar planes de igualdad, reconocer la categoría de bombero forestal.
En esta como en otras materias, dijo Tudanca, no se puede hacer nada si no se escucha a quien mejor conoce la materia, por lo que abogó por el entendimiento con los sindicatos y con llegar a acuerdos, que cuando se alcanzan, se cumplen. Además, destacó que el empleado público ha sido esencial en la pandemia, y defendió que no es el funcionario de “vuelva usted mañana”, lo que a su juicio representa una “parodia crítica” para los que quieren llevarse “lo público al negocio”, “lo que es de todos a lo que es sólo de algunos”.
Fuera mitos
El socialista destacó que Castilla y León ha podido hacer una mayor inversión pública gracias a los 1.600 millones enviados por el Gobierno, lo que representa una “respuesta distinta”, que protege “lo que es de todos”. Además, derribó otro “mito” sobre lo público y recordó que España no tiene un “exceso” de empleados públicos, ya que indicó que en los países con más crecimiento y mejor estado del bienestar alcanzan el 30 por ciento.
Por ello, Tudanca criticó las condiciones de los empleados que dijo cobran 200 euros menos al mes y hasta 400 en relación a algunas comunidades vecinas, una diferencia que incluso llega a los 600 euros en el caso de las enfermeras. Muchas, añadió, se marchan no solo por la falta de equiparación salarial, sino también por la estabilidad en el empleo. Por ello, señaló que es una cuestión de “pura gestión”.
También denunció que no se ha puesto en marcha ni una sola plaza residencial desde que se asumieron las competencias, lo que conlleva que el sector público se haga cada vez “más pequeño” y que las personas mayores estén atendidos de forma deficiente.
Además, planteó que solo un cinco por ciento de los niños tienen plaza en escuelas públicas, a las que se añaden las municipales, y criticó que cuando hay fondos para extender este servicio, la Junta quiera concertarlo. Por ello, planteó plazas públicas.
Sobre el transporte sanitario, Tudanca aseguró que el PSOE quiere hacer una auditoría que compruebe si se ha cumplido el contrato e intervendrá para que revierta a la administración pública, con el objetivo de que sea un servicio público más en esta comunidad. También, defendió la gestión pública de los servicios sanitarios.
Cuidar de lo público
El secretario general FeSP-UGT Castilla y León, Tomás Pérez, pidió al PSOE que crea en lo público, que cuide a lo público y que no olvide que sus trabajadores son una “amplia gama” que incluye a los empleados públicos y a los trabajadores de las empresas con la que la Junta concierta su prestación.
Reclamó a quien dirija la Junta que “crea en lo público”, porque de esa manera -aseguró- la función pública irá “bien”. Además, denunció que los empleados públicos, que la sociedad identifica con los funcionarios, están “estigmatizados” porque son culpados de tener trabajos estables.
El ‘ugetista’ se preguntó que quien no cree en lo público para qué se presenta a unas elecciones para gestionar lo público. Además, reivindicó a los empleados públicos y a los trabajadores de las empresas dependientes de los conciertos con las administraciones, como los vinculados con la ayuda a domicilio, para los que pidió un convenio único para toda la Comunidad.
En materia sanitaria, pidió estar “vigilantes” porque en su opinión la “trocean” y la “privatizan” de manera “larvada”. “La sanidad no son sólo los médicos”, dijo ya que la sanidad se conforma de un “equipo” que defendió debe ser tratado de forma “integral”. Además, apostó por contratar más personal para hacer frente a la “peor de las olas”, la listas de espera. Los docentes, añadió, están “marginados” en Castilla y León, por lo que no dudó que se vayan a otras comunidades y denunció la situación de los bomberos forestales del operativo antincendios.
“Legislatura perdida”
El coordinador del sector autonómico de FSC-CCOO, Ernesto Angulo, aseguró que ésta ha sido una legislatura “perdida” ante el “desastre absoluto en todos los niveles” de la gestión de la Junta. Por ello, pidió “implicación” y “colaboración” al PSOE para defender “lo público”, incluido todo aquello que se paga con dinero público y que está en manos de empresas privadas. “Lo público tiene que ser público y gestionado por empleados públicos”, dijo y puso como ejemplo la remunicipalización del agua en Valladolid.
Angulo reclamó una nueva ley de función público, que recordó data de 2007, lo que ha impedido adaptar la normativa autonómica a la estatal. “Estamos en el siglo pasado”, dijo y consideró que la estabilización de puestos, fruto del acuerdo nacional, es “urgente” y pidió al PSOE que convoque los procesos en junio. También recordó que la ley de carrera profesional no tiene reglamento para poder desarrollarse.
“Todo sale gracias al esfuerzo de los empleados públicos”, dijo el dirigente sindical, quien aseguró que los empleados públicos están “muy cansados” por lo sucedido en la pandemia y por la crisis de 2008, que recordó conllevó una reducción de salarios y un recorte de las plantillas, con 4.000 puestos menos.
En su opinión, si se une la falta de personal y la congelación de salarios, pese a que se está corrigiendo, se genera un “problema importante para la gestión”. “Estamos en el siglo pasado”, denunció ante la falta de ordenadores y el atraso en la digitalización. Además, apuntó que la Junta tiene que ser “garante” de la población y añadió que la propia administración tiene que ser la primera que dé un “paso adelante”, invirtiendo en los servicios periféricos.
Modernizar el “catecismo”
El presidente CSIF en la Comunidad, Benjamín Castro, consideró “ineludible” e “imperativo” modernizar el “catecismo” de la función pública con una nueva ley, que debe recoger la movilidad y la promoción interna, para que sea “real”. A su juicio no es “sensato” que la administración se alimente de “interinos”, que superan el 33 por ciento.
Además, reclamó la recuperación del poder adquisitivo y la equiparación con los salarios de otras comunidades, ay que dijo que Castilla y León es la tercera autonomía que “peor” paga a sus empleados públicos. Así planteó un complemento para avanzar en la equidad. También rechazó que los docentes tengan que elegir entre sexenios y otros complementos de la carrera profesional y rechazó que se queden fueran de ello los trabajadores de las universidades públicas.
El presidente de CSIF en la Comunidad aseguró que la administración pública es la “gran empresa” de la Comunidad y añadió que los empleados son los que llevan la carga de trabajo en los servicios en los que Castilla y León logra buenos resultados en los informes de evaluación. “Te invito Luis a que empecemos por la sanidad”, dijo.
Castro valoró la oportunidad que les ha dado el PSOE por parar el “ruido electoral” para abrir un debate sobre la función pública. “Que otros tomen ejemplo, porque es un ejemplo a seguir”, dijo al tiempo que valoró que los socialistas mantengan abiertos los “puentes” de comunicación con las centrales sindicales. “Siempre tendréis un aliado en ese camino de mejora”, apostilló y recordó que “Castilla y León no es Madrid”.
Motor del cambio
La socialista leonesa Yolanda Sacristán, candidata a las Cortes, defendió el compromiso “firme” del PSOE con los empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios y como muestra puso la aprobación de la Ley para la reducción de la temporalidad en España. “La función pública en Castilla y León es la crónica de un fracaso”, provocado por las “nefastas” consecuencias de las decisiones políticas.
La dirigente socialista puso en valor la “colaboración constante” con el PSCyL con los sindicatos de la función pública. “Sois el motor del cambio”, dijo y confió en que lo sigan siendo a partir del 13 de febrero, ya con Tudanca como presidente. Además, aseguró que este tema ha sido uno de los “grandes caballos de batalla” de la última legislatura, por los “incumplimientos” del Partido Popular, algo que recalcó afecta a más de 99.000 empleados públicos.
