Los teléfonos móviles son un objeto prohibido dentro de las prisiones para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género. Esto los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas regimentales que esto genera.
En el periodo 2017/2021 se han incautado un total de 333 teléfonos móviles en la prisión de Topas siendo el año 2021 el de mayor número de aprehensiones con 72.
Datos resto años:
2017 63
2018 53
2019 76
2020 69
2021 72
Total 333
De todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Topas es el noveno en número de incautaciones.
Desde Acaip Topas destacan el trabajo que realizan los funcionarios penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en las prisiones. «En muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones», indica el sindicato. «Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y las relacionadas con el narcotráfico», prosigue.
El uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de los mismos, por ello, «los trabajadores penitenciarios dedican grandes esfuerzos en el decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico», explica.
De hecho, se pueden encontrar en los lugares más insospechados, como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos, «por lo que es precisa una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada», señala.
Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones, y la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado, para evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior.
Pero todo esto requiere, a su vez, «del correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías. Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la utilidad y evitamos el comercio ilícito», recuerdan desde Acaip.
Este sindicato insiste en la necesidad de ocupar todas las vacantes, ya que las nuevas promociones apenas cubren las bajas vegetativas. Además, considera que «hay que adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia, y redimensionar la relación de puestos de trabajo para ajustarlas a las nuevas funciones. Por eso es preciso retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución», concluye.
