El número de altas de cuidadores no profesionales de personas dependientes en la Seguridad Social en la provincia de Salamanca ha descendido en 1.640 desde que gobierna Rajoy, según una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.
Según los datos del Gobierno recogidos en esta respuesta parlamentaria, en Salamanca se ha pasado de tener 1.786 cuidadores no profesionales afiliados o dados de alta en la Seguridad Social en noviembre de 2011, a tener 146 en julio del 2014. O lo que es lo mismo, 1.640 cuidadores de personas dependientes han perdido durante estos tres últimos años sus cotizaciones a la Seguridad Social en Salamanca.
Esta ha sido la tónica en el conjunto de comunidades y provincias de España, donde la evolución de cuidadores no profesionales de personas dependientes afiliados a la Seguridad Social pasó de 172.363 en el año 2011 a 14.594 en julio de 2014.
Desmantelamiento de la dependencia
El PSOE quiere poner de manifiesto que el Gobierno ha llevado a cabo un “desmantelamiento de la Ley de Dependencia” y que es necesario “salvar la Ley y garantizar los derechos de los dependientes”.
El diputado socialista por Salamanca, Jesús Caldera, propulsor de la Ley de Dependencia, ha lamentado que este gobierno haya decidido «firmemente el desmantelamiento de esta Ley y el grave deterioro del Estado del Bienestar que se está produciendo. Con la excusa de la crisis” ha manifestado Caldera, “estamos asistiendo a un peligroso cambio de modelo que demuestra que el Gobierno de Mariano Rajoy desprecia a los más vulnerables”, y añade, “se ha desentendido de las personas dependientes reduciendo drásticamente la aportación del Gobierno para financiar la Dependencia, poniendo en riesgo su sostenibilidad, recortando derechos y desmantelando la Ley”.
El copago se duplica
Los socialistas recuerdan que, entre otras medidas, «el PP paralizó el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio; eliminó de los Presupuestos Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones; suprimieron los dos niveles en que se dividía cada grado; se redujo en un 13% la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo; se rebajó en un 15% la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; se eliminó la cotización de los cuidadores no profesionales; y se introdujo la incompatibilidad de las prestaciones».
Además, «se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del sistema, ya que de soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la administración general del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013, mientras que la aportación de las Comunidades Autónomas ha crecido del 50,8 al 62% y el copago de los usuarios casi se ha duplicado«.
