El número de denuncias por víctimas de violencia de género en Castilla y León repuntó de nuevo en 2021 un 8,6 se redujo el pasado año, hasta las 5.170, después que en 2020 cayeran un 8,1 por ciento a causa del confinamiento y las restricciones de movilidad decretadas desde el inicio de la pandemia y durante todo ese ejercicio
ICAL. Ahora, las cifras, desafortunadamente, vuelven a parámetros anteriores al Covid-19, según recoge el Informe anual sobre violencia de género hecho público este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Igualmente, el número de mujeres víctimas por este tipo de violencia que se presentaron ante los juzgados se elevaron de forma paralela, concretamente un 8,7 por ciento, con un total de 5.159 féminas. También se incrementaron las órdenes de protección dictadas por los tribunales, dado que se incoaron 1.556 (9,2 por ciento más) y se adoptaron 1.177 (6,4 por ciento). Se trata, en todos los casos, de repuntes en relación con el primer año de la pandemia.
A nivel nacional el comportamiento fue similar. El número de mujeres víctimas de la violencia de género y el número de denuncias presentadas durante 2021 aumentaron un 9,35 y un ocho por ciento, respectivamente. La tendencia al alza observada en los principales marcadores desde el levantamiento del estado de alarma se ha mantenido de forma sostenida a partir del segundo trimestre de 2021, lo que ha supuesto volver a cifras anuales similares a las de 2019.
Además, se solicitaron en los órganos judiciales un total de 43.736 órdenes de protección. De ellas, 37.270 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 6.466, por los de guardia. Y se adoptaron total 31.212, lo que supone siete de cada diez órdenes solicitadas, un porcentaje muy similar al de 2020, en el que las órdenes de protección acordadas representaron el 71,48 por ciento del total de las incoadas.
De las 5.159 víctimas de violencia de género en la Comunidad, 3.765, el 73 por ciento, eran españolas, una cifra que supone un 5,5 por ciento más que en 2020. Por su parte, 1.394 eran extranjeras, una cifra que se ha disparado un 18,7 por ciento. Del total, 13 mujeres eran menores.
Castilla y León, la menor tasa
En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género, Castilla y León mantiene la más baja de entre todas las autonomías, con 42,6 por cada 10.000 mujeres, que sin embargo es tres puntos más que el año anterior. Le siguen Galicia (44,5), País Vasco (47,1) y Asturias (47,6). Por contra, destacan por encima de la media nacional, que fue de 66 puntos (seis más que en 2020), Baleares, con una ratio de 103; Murcia, con 88,9, y Comunidad Valenciana, con 86,6.
A nivel nacional, el 73 por ciento de las denuncias presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se situaron en el 13,7 por ciento de los casos. El número de denuncias presentadas por familiares de la víctima se mantuvo un año más en niveles muy bajos, del 1,56 por ciento, mientras que los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado representaron el 8,38 por ciento de las denuncias, un punto menos que en 2020.
El pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales de Castilla y León fue del 86 por ciento en los juzgados de violencia sobre la mujer (frente al 75 por ciento nacional) y del 66,6 por ciento en los juzgados de lo penal, un punto más que la media española.
Protección del menor
En cuanto a la protección de menores víctimas de violencia de género, se registraron 11 sentencias condenatorias, las mismas que en 2020, a las que se suman otras cinco que fueron absolutorias.
Precisamente, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, aseguró que los datos correspondientes a 2021 ponen de manifiesto la mayor protección de la que gozan los hijos de las víctimas de la violencia machista tras la entrada en vigor, el pasado año, de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Recordó que fue un ejercicio “especialmente duro” en España en lo que se refiere al número de menores asesinados, que ascendió a siete, más del doble que en 2020 y en 2019, años en los que fueron tres. Los datos que desde 2003 recaba el Observatorio no han dejado de poner en evidencia que la ruptura de la relación de pareja, e incluso el mero anuncio por parte de la mujer de su intención de separarse, es un “factor que aumenta el riesgo para las víctimas de la violencia de género y para sus hijos e hijas”.
Por este motivo, Carmona valoró de forma muy positiva el aumento de la medida consistente en la suspensión del régimen de visitas, que en 2021 fue adoptada por los juzgados de violencia sobre la mujer en 2.008 casos, frente a los 847 de 2020 en el ámbito nacional.
Al respecto, aplaudió que la protección de los niños está presente en el Pacto de Estado contra la violencia de género de 2017, que ya proponía revisar la regulación del régimen de visitas en los casos de violencia de género y, por supuesto, recalcó Carmona, es uno de los principios que rigen el ordenamiento jurídico.
En relación con la imagen que muestran los indicadores de la violencia de género en 2021, la presidenta del Observatorio insistió una vez más en dos aspectos fundamentales: “El apoyo a las víctimas por parte de aquellas personas que conforman su entorno más cercano, un respaldo dirigido a evitar el completo aislamiento de estas mujeres y a dirigirlas hacia la única salida posible de la situación de violencia, que es la denuncia. Sólo así se pondrá en marcha la maquinaria de la administración, cuya doble finalidad es proteger a la víctima y someter al agresor a la Justicia para que ningún acto de violencia machista pueda quedar impune”.
El segundo aspecto es el de la educación de los niños “en valores que les permitan crecer en una sociedad donde primen la igualdad y el respeto”. Remarcó que esta tarea “incumbe a todos”, desde administraciones y empresas, ya sean públicas o privadas, a colegios, universidades, medios de comunicación, etc. “El reto de la educación se antoja cada vez más importante dado el aumento de la violencia de género en parejas jóvenes e incluso adolescentes”, expuso. Según los estudios realizados por el Observatorio, son casi medio centenar las mujeres menores de 21 años asesinadas por sus parejas o ex parejas desde 2003.
