i-DE, compañía de distribución eléctrica de Iberdrola, prevé incrementar un 28 por ciento la inversión, hasta los 337 millones de euros, en redes inteligentes en Castilla y León entre 2022 y 2024, con el objetivo de reactivar la economía y el empleo y alcanzar los objetivos de descarbonización comprometidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Así lo ha trasladado Óscar Villanueva, director de i-DE en la Comunidad, al director general de Energía de la Junta de Castilla y León, Alfonso Arroyo, en una reunión en la que ha presentado su plan de inversión para el próximo trienio, con un triple objetivo: atender el crecimiento de la demanda -asociada a la electrificación del transporte y la climatización- y la producción, con más renovables y la generación distribuida; mejora de la resiliencia de la red eléctrica para afrontar los retos del cambio climático; y promover la modernización en los procesos sobre esta infraestructura de distribución eléctrica. La compañía estima que estas inversiones podrían generar hasta 3.300 empleos en la región.
En el encuentro, según un comunicado de Iberdrola recogido por Ical, se ha tenido la oportunidad de compartir ideas sobre la necesidad de incrementar las inversiones en las infraestructuras de distribución eléctrica, con el fin de alcanzar los objetivos de la hoja de ruta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), eliminando las barreras de inversión allí donde estas sean oportunas y donde los agentes del sector tengan capacidad e intención de desarrollarlas.
Asimismo, Villanueva transmitió que la modificación del límite de inversión anual va en la dirección correcta y en consonancia con los objetivos de la transición energética que lleva emparejada la electrificación de la economía. “Sin electrificación no hay transición ecológica, y sin inversión en refuerzo y digitalización de la red, no es posible una electrificación renovable, descarbonizada, digitalizada y social”, señaló.
De esta forma, se contribuiría a impulsar la industria y el empleo asociado en la región, sin apenas coste para el ciudadano. Asimismo, está alineado con la estrategia del PNIEC, aprobada por el Gobierno, que establece la necesidad de hacer inversiones muy superiores a las previstas para poder atender los objetivos asociados a la transición energética.
Las inversiones en redes de distribución generan cada año unos 30.000 empleos locales de alta cualificación técnica. Además, sustenta una cadena de valor industrial con un 90 por ciento de suministradores locales, muchos de ellos PYMEs (fabricantes bienes de equipo, ingenierías, empresas de montaje, obra civil, logística, proveedores materias primas, aislantes, soldadura, etc.), distribuidos de forma capilar por el territorio.
La transformación de las redes en una infraestructura robusta, flexible e inteligente permite dar respuesta a los retos de la electrificación del sistema eléctrico, con una mayor integración de renovables, el desarrollo de la movilidad sostenible, las ciudades inteligentes y el consumo descentralizado (autoconsumo) y un consumidor con mayor capacidad de decisión y conectividad.
En Castilla y León, i-DE gestiona más de 43.707 km de líneas de baja y media tensión y más de 6.410 km de líneas de alta y muy alta tensión. Asimismo, cuenta con 15.658 centros de transformación en servicio y 246 subestaciones primarias y secundarias. La compañía mantiene en la región un nivel de calidad de servicio por encima de la media nacional, con el mejor valor a cierre de año de la historia.
Digitalización
En los últimos años, i-DE ha acometido un plan de digitalización de sus redes eléctricas que, en Castilla y León, ha convertido sus más de 1,5 millones de contadores y la infraestructura que lo soporta en inteligentes, incorporando capacidades de telegestión, supervisión y automatización.
La distribuidora de Iberdrola lleva tiempo reclamando esta modificación -la eliminación de las barreras de inversión- para acelerar las inversiones en las redes, claves para el desarrollo de la electrificación de la economía, el despliegue de nuevas renovables y de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
La compañía se ha comprometido a invertir 500 millones de euros adicionales hasta 2024 en España para acelerar el proceso de la transición energética con el impulso de las infraestructuras eléctricas.
Un tercio de esta inversión procede de los fondos europeos regulados a través del Real Decreto 1125/2021, que busca promover las inversiones en proyectos innovadores de digitalización de redes, así como en infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico de acceso público.
Con esto, la compañía se compromete a invertir 2.600 millones de euros en el país para asegurar un sistema energético con un modelo robusto, flexible y resiliente.
