La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid ha decidido suspender el juicio y devolver la caso de ‘La Perla Negra’ al Juzgado de Instrucción 2 al considerar que no se ha dado traslado completo de todas las actuaciones a la partes y con el fin de evitar que se vulnere el derecho de defensa de los acusados.
Ical.- El magistrado presidente del tribunal se refirió de forma concreta a un CD reclamado ayer por una de las defensas y que hace referencia a la información fiscal de la exviceconsejera Begoña Hernández, y apuntó que no se puede acceder a la información del mismo al encontrarse encriptada. Además, y a la espera que se dicte el auto sobre esta decisión, también ordenó que se una vez entregada toda la documentación, se dé a las defensas un plazo de diez días para que presenten sus conclusiones.
La decisión del tribunal se produce después de que ayer, en la primera jornada del juicio, tanto Fiscalía, como las acusaciones y las defensas consideraran que se había visto vulnerado el derecho de defensa por no haberse dado traslado completo a las partes de todas las actuaciones previas.
Así los abogados de los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y de la mayor parte de las defensas argumentaron que se había visto vulnerado su derecho de defensa, fundamentalmente por no haber tenido acceso a la totalidad de la causa pese a haber transcurrido más de nueve años desde el inicial auto de imputación el 23 de octubre de 2013 por parte del Juzgado número 2.
Por su parte, desde la Fiscalía también se pidió devolver la causa al juzgado de instrucción para evitar alegatos de nulidad en el futuro.
Además, desde las defensas también se argumentó que la falta de concreción de la fecha en la que se cometieron los presuntos hechos delictivos está provocando una indefensión de los acusados, a la vez que plantearon la prescripción de algunos de los delitos que se juzgan en la vista.
En total, son 12 las personas imputadas en este caso, entre ellos los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán.
Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que solicita la Fiscalía para los 12 imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.
En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, a razón de once años de privación de libertad para cada uno de ellos. En su escrito, el Ministerio Fiscal imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.
En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y el segundo empresario, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.
Además, pide seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios y hermanos Francisco y Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.
Fraude
La Fiscalía Provincial de Valladolid ha cifrado en más de 23,4 millones de euros el fraude de la cúpula de la antigua Consejería de Economía y Empleo de la Junta en el caso de Perla Negra y la venta de los terrenos de Portillo.
En su escrito argumenta que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble mas de 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 50 millones, y también acusa que se hiciera frente al abono de 9,7 millones de euros correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta.
Respecto a los terrenos de Portillo, el Ministerio Fiscal argumenta que las actuaciones concertadas por los acusados provocaron un considerable incremento en el precio de las fincas, encarecimiento que supuso un sobreprecio de, al menos, 3,3 millones de euros.
