La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los empleados públicos de la Junta, que tienen que usar su coche para atender los servicios que prestan, trabajan medio mes al año gratis, teniendo en cuenta una media de kilómetros realizados, ya que la compensación que reciben no cubre el coste que suponen los desplazamientos.
Así lo ha valorado CSIF, que pide a la Junta de Castilla y León un incremento del 30% en el abono del kilometraje a los más de 7.000 empleados itinerantes que utilizan su propio vehículo para realizar el trabajo, ante el aumento de los precios del combustible y de otros costes del mantenimiento del coche.
Esta indemnización, que la Junta debe abonar a sus empleados para compensar los gastos por el uso del vehículo particular, lleva 15 años sin revisarse, a pesar de lo señalado en el Decreto 252/1993, de 21 de octubre, puntualiza la organización sindical.
Este decreto indica que “el importe de esas indemnizaciones debe ser revisado periódicamente mediante acuerdo del propio Gobierno autonómico, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León”, remarca CSIF. Sin embargo, desde que, en 2007, la Junta fijó un pago de 0,19 euros por kilómetro para los automóviles y de 0,078 para las motocicletas, estas cantidades no se han revisado ni se han actualizado.
Asegura que “son numerosos los empleados públicos de la Administración autonómica que nos han trasladado sus quejas y malestar, por los insuficientes importes que se perciben por el kilometraje y otros gastos de viaje realizados con el vehículo particular, y que van mermando el poder adquisitivo y las retribuciones salariales reales”.
Situación «insostenible»
Por ello, el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha remitido un escrito a la Junta de Castilla y León, concretamente a la Consejería de Presidencia, en el que reclama un acuerdo para actualizar e incrementar las cuantías de las indemnizaciones por kilometraje y otros gastos, “que han sufrido unas subidas espectaculares. Los perjuicios económicos son importantes, y la situación resulta ya insostenible”. Exige que se cumpla la legalidad, prevista en la Ley de Función Pública de Castilla y León, y en el Decreto 252/1993, y se lleve a cabo una revisión de esas compensaciones económicas.
En base a los datos del INE, y según la variación del índice de precios (IPC), de febrero de 2007 y hasta febrero de 2022, CSIF entiende que el incremento del pago de kilometraje debe de ser un 30% más en Castilla y León.
En el sector de Educación, conforme a los datos que maneja este sindicato, son unos 1.500 docentes itinerantes o compartidos en la Comunidad los que tienen que usar su coche para recorrer diferentes centros. Asimismo, en la Administración General de la Junta, otros 370 puestos de trabajo en la Consejería de Educación, preferentemente asistentes técnicos educativos (ATE), aunque también hay fisioterapias, enfermeras o personal de mantenimiento, tienen que desplazarse con su coche.
No obstante, es en Sanidad donde más profesionales deben usar su coche para atender a los usuarios o pacientes, concretamente unos 5.200, recorriendo los centros de salud y consultorios de diferentes pueblos, o llevando a cabo asistencia domiciliaria.
