El paquete de ayudas aprobado este martes por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania prevé una partida de 430 millones de euros para los sectores agrario y pesquero. Ese montante se desglosa en 193,47 millones de euros para el sector agrario y ganadero, 169 millones para el sector productor de leche y 68,18 millones para la pesca extractiva y acuícola.
Ical.- A los 430 millones de euros de ayudas directas y subvenciones comunitarias hay que añadir la reducción de 20 céntimos durante tres meses en el precio del gasóleo que, de acuerdo a los datos de consumo medio de años anteriores, puede suponer un impacto positivo de 78 millones de euros para agricultores y ganaderos y de otros 10 millones para pescadores.
Además, hay que sumar la exención de la tasa portuaria para la pesca fresca y del canon de uso de bienes de dominio público hidráulico para las instalaciones de acuicultura continental, durante un periodo de 6 meses, que suman otros 3 millones de euros.
Sector lácteo
De los 169 millones de euros para los productores lácteos, unos de los más afectados por el incremento de los costes por el precio de la electricidad, los piensos de alimentación animal y los combustibles provocado por la invasión rusa de Ucrania, 124 millones de euros son para el sector productor de leche de vaca (210 euros por vaca hasta un máximo de 40 animales por beneficiario, 145 euros por animal entre 41 y 180 cabezas; y 80 euros por más de 180 vacas); 32,3 millones de euros para los productores de leche de oveja (15 euros por animal); y 12,7 millones de euros para los de leche de cabra (10 euros por cabeza).
Los 18,18 millones para buques y empresas armadoras pesqueras para compensar por el incremento, sobre todo, del precio del combustible, oscilarán entre los 1.550 euros por barco (con un tonelaje bruto de menos de 25) y un máximo de 35.000 euros para los buques a partir de 2.500 de tonelaje bruto.
La norma aprobada este martes por el Consejo de Ministros también recoge la modificación normativa por la que se exime a los agricultores de la obligación de dejar en barbecho un 5% de sus superficies de cultivo y se flexibiliza el requisito de diversificación. Con ello, se podrán movilizar más de 600.000 hectáreas declaradas como superficies de interés ecológico, así como 2,16 millones de hectáreas declaradas para cumplir el requisito de diversificación de cultivos.
