El Consejo de Ministros ha dado luz verde a los supermercados para limitar la cantidad de productos que pueden adquirir los consumidores. Esta medida viene provocada por las exageradas compras de algunos clientes por el miedo ante posibles desabastecimientos.
En el contexto actual, la guerra de Ucrania, unida a la huelga de transportistas ha llevado a numerosos consumidores a realizar compras desorbitadas. De esta manera, el miedo al desabastecimiento ha llevado a vaciar los lineales de los supermercados. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto. Así, el decreto con medidas de choque contra la guerra que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes ha modificado la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Mediante esta modificación, se permite a los establecimientos comerciales limitar la cantidad de productos que puede adquirir un consumidor.
Este miércoles el Ejecutivo ha publicado una nueva orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Dicha normativa permite que los comercios limiten la cantidad de productos que cada cliente puede adquirir, “ante circunstancias excepcionales o de fuerza mayor”. El decreto aprobado por el Gobierno introduce un nuevo apartado 3 del artículo 9 de la Ley 7/1996, de 15 de enero. Según este apartado “los establecimientos comerciales puedan suspender con carácter temporal la prohibición prevista de limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada comprador”.
La nueva medida se enmarca en el denominado ‘Plan de Respuesta’ que quiere impulsar el Ejecutivo para reducir el impacto económico del conflicto ruso-ucraniano. Además, se incluye la prohibición de despedir para las empresas que reciban ayudas públicas, la rebaja de al menos 20 céntimos por litro de combustible, o el límite de las subidas de los alquileres al 2%. Este ‘Plan’ se extenderá hasta el mes de junio, con el objetivo de contener el impacto “social y económico” de la guerra de Ucrania.
Para el conjunto del paquete de medidas contra los efectos de la guerra, el Gobierno contempla la movilización de 16.000 millones de euros. Los primeros 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos. Por su parte, los 10.000 restantes se destinarán al impulso de una nueva línea ICO. A pesar de que esta movilización de fondos tendrá un impacto fiscal importante en los presupuestos, desde el Gobierno indican que hay margen debido a que el déficit de 2021 fue menor de lo previsto.
