Clifford Chance y la Universidad de Salamanca han organizado una mesa redonda en Madrid en la que se ha debatido sobre la necesidad de agilizar la concesión de permisos para proyectos de energías renovables.
Bajo el título “La autonomía energética: un reto posible: Necesidad de agilizar la concesión de permisos” y con la moderación del director de la práctica de Derecho Público de Clifford Chance en España, Jaime Almenar, los ponentes han analizado el grado de desarrollo de los permisos administrativos partiendo de la exhortación de la Unión Europea sobre la necesidad de agilizar y simplificar los procesos, uno de los principales problemas para el desarrollo de las energías renovables según el órgano europeo.
A pesar del intenso interés inversor por las energías renovables, existe la duda de si España podrá alcanzar los objetivos marcados en cuanto a implementación de la energía renovable. Tal y como afirma Jaime Almenar, “en marzo de este año contamos con 145 gigavatios (GW) de proyectos eólicos y fotovoltaicos que cuentan con permisos de acceso, aunque no están en operación. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) necesitamos para 2030 unos 59 GW nuevos. Por lo tanto, tenemos entre el doble y el triple de la potencia que queríamos, pero no están en operación”.
Para Fernando Calancha, secretario de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial Eólica, la explicación a este cuello de botella se sitúa en la tramitación de los proyectos, de los que afirma que existe un verdadero problema derivado de la necesidad de modificar los requisitos y los tiempos necesarios para obtener los permisos, así como de los escasos medios públicos y la falta de homogenización de procesos entre las distintas Administraciones. “De los 39.000 gigavatios en tramitación, solo 1,7 tienen guía en la actualidad, por lo que cada vez es más difícil sacar adelante los proyectos de energía renovable. Tramitar ahora se ha vuelto mucho más complicado de lo que era en el pasado”. Según Calancha, el Real Decreto que regula en la actualidad el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica data del año 2000 y fue aprobado con objeto de tramitar y poner en marcha ciclos combinados. “Esa misma norma, con adaptaciones, es la referente para tramitar instalaciones renovables 22 años después”, apunta.
Laura de Rivera, directora de Regulación y de Servicios Jurídicos del Grupo Red Eléctrica, añade otro elemento fundamental en el debate, como es la necesidad de desarrollar redes para que las renovables puedan evacuar energía. «Una nueva línea de la red de transporte eléctrico puede tardar entre 6 y 10 años en desarrollarse, por lo que para que se cumplan los objetivos de penetración de renovables, es fundamental agilizar y simplificar las nuevas tramitaciones de los permisos administrativos para su desarrollo».
En este sentido, desde el Ministerio de Transición Ecológica el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández, explica que el gran contingente de proyectos renovables es una muestra del potencial y atractivo de España para los inversores en renovables, pero reconoce que estamos ante un importante reto, ya que un volumen tan alto de nueva energía como la que actualmente está en tramitación no puede absorberse en el corto plazo, por lo que sigue siendo necesario un ordenamiento y racionalización del sector que permita quedarnos con los proyectos más óptimos.
José Ignacio Sánchez, profesor y director del Máster en Análisis del Derecho y las Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, coincide en la necesidad de realizar una criba que permite eliminar aquellos proyectos que no caben ahora ni van a caber en el futuro, al tiempo que no bloquee la entrada de nuevos proyectos que ofrezcan mayores dosis de innovación y de eficiencia. “Aunque hablamos de energía renovable, el problema es distinto en el terreno solar y eólico. El problema más acuciante es el ámbito fotovoltaico, que es donde está la mayor inflación de proyectos”.
