El portavoz de Vox en las Cortes y futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, afirmó este jueves que el decreto de Memoria Histórica vigente será sustituido por el de “concordia”, mientras que el ‘popular’ Raúl de la Hoz aseguró que no se van a limitar derechos “a nadie” y emplazó a “la literalidad” del acuerdo de gobierno.
Ical.- Durante su comparecencia tras la reunión de la Junta de Portavoces, que fijó el pleno de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, García-Gallardo argumentó que el decreto de Memoria Histórica “contribuye a dividir” al centrarse en una parte, como los represaliados de la Guerra Civil.
El acuerdo entre PP y Vox, que ha desbloqueado la investidura de Fernández Mañueco, recoge que la tramitación de “una normativa en materia de concordia”, punto tercero del pacto, se iniciará antes del 30 de junio. “Dijimos que no se va a utilizar la historia para dividir”, anotó García-Gallardo.
Poco después, Raúl de la Hoz se remitió a “la literalidad” del acuerdo de gobierno, aseguró que la propuesta será “escrupulosa con el acuerdo” y pidió esperar a “los próximos meses”, aunque garantizó que no se va a limitar derechos de “nadie”.
La socialista Patricia Gómez subrayó que Fernández Mañueco afirmó que esa normativa se iba a mantener, pero desconfió de que sea así y apuntó a que “la voluntad del Partido Popular está supeditada a Vox”. Además, manifestó que su grupo se opondrá a que una ley de violencia intrafamiliar sustituya o diluya la actual contra la violencia de género.
Por su parte, el portavoz de Vox señaló que la opinión ofrecida ayer por la exvicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, que tildó de «barbaridad» y de «innecesaria» la ley de violencia intrafamiliar, «la retrata» por «hacer un juicio de valor» sin conocerla. «Se va a garantizar la igualdad de todos los españoles», aseveró.
El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aclaró el objetivo de la futura ley de Concordia, que han pactado PP y Vox en su acuerdo de gobierno y que sustituirá al decreto actual de memoria histórica. «En ningún modo busca impedir la exhumación», dijo.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo respondió a preguntas de los periodistas sobre la futura norma que recalcó busca lograr la «máxima amplitud» con el fin de garantizar la concordia en España.
«En modo alguno somos contrarios a estas exhumaciones», dijo el portavoz del Ejecutivo sobre los planes de PP y Vox, que gobernarán juntos en Castilla y León. Además, insistió en que recuperar los cadáveres de antepasados es un «elemento humano».
Sus palabras llegan tras conocerse el rechazo de las asociaciones memorialistas castellanas y leonesas. “Ni vamos a parar el trabajo, ni el movimiento social va a retroceder”, advirtieron a los dos partidos.
