[dropcap]S[/dropcap]i de algo no me cabe la menor duda es de la existencia de víctimas de primera y víctimas de segunda. Cuando esto se traslada a colectivos, hablamos de colectivo de primera y colectivos de segunda igualmente y no se equiparán derechos, al contrario, se pisotean personas de pleno derecho.
Hace cerca de diez meses, entró en vigor entre bombo y platillo la Ley de la Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Pasado este tiempo, no se ve, ni se contempla en la administración partidas para implantar lo que predica dicha Ley.
El registro, que aporte datos e información de la violencia que se ejerce hacia niños, niñas y adolescentes brilla…. pero por su ausencia. No hay formaciones especializadas, ni juzgados adaptados, ni definida la figura del Coordinador de Bienestar en los centros educativos, no se ha hecho esto, ni aquello, ni lo otro, ni lo de más allá mientras sacamos partidas para cosas que tendrían que asumir sueldos propios como lo hacemos el resto de los mortales.
Seguimos sin los entornos seguros que proclama esa Ley, mientras siguen muriendo menores y recibiendo palizas como hemos podido ver esta semana más mediáticamente.
Una Ley ambiciosa, metida en el cajón durante años, salida del horno tras el tirón de orejas de Europa a España al entender que no se equiparan los derechos de los niños, niñas y adolescentes al resto de la sociedad, que debería de ser prioridad y prioritaria ante el maltrato que sufren menores, que en muchos casos queda impune y con la sensación de impotencia y la ira descontrolada ante preguntas que no sabes responder.
Soy consciente de que el plazo para que toda Ley funcione es largo pero lo que promueve esta Ley no se puede demorar mucho más cuando la vida de nuestros hijos e hijas depende en muchos casos de una firma o de una partida en un Ministerio. No se puede seguir pasando la pelota, aunque esto sea el deporte nacional de este País.
