CCOO y UGT exigen a Mañueco que convoque el Diálogo Social

Y el cumplimiento de los 18 acuerdos vigentes
Los secretarios generales de UGT y CCOO Castilla y León, Faustino Temprano (i) y Vicente Andrés. (Ical)

Los sindicatos CCOO y UGT exigieron al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que convoque cuanto antes el Consejo del Diálogo Social para abordar el cumplimiento de los 18 acuerdos vigentes fruto de las mesas de concertación.

Las organizaciones remitieron una misiva a Mañueco, después de su toma su posesión, para exigirle la reunión y la puesta en marcha de los apoyos y servicios pactados, como indicaron hoy a Ical, durante la presentación del Primero de Mayo, los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, quienes remarcaron que “mucha gente no puede esperar más”.

Vicente Andrés expuso que el Ejecutivo regional debe cumplir los 18 acuerdos del Diálogo Social vigentes, y urgió a sacar las convocatorias de empleo local, para generar 10.000 puestos en ayuntamientos, los apoyos a desempleados o los complementos a los ERTE. “Las convocatorias deben salir ya con los presupuestos prorrogados porque sino no llegamos, y mucha gente no puede esperar”.

Faustino Temprano incidió también en la necesidad de que la Junta desarrolle los acuerdos porque su objetivo central es el “empleo” y defendió el proceso de concertación como “esencial para adoptar políticas eficaces y justas”.

El secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social de CCOO en la Comunidad, Saturnino Fernández, insistió en que con las cuentas prorrogadas se pueden sacar las convocatorias habituales programadas, con al menos las mismas cuantías que en el año anterior, y “sin alharacas de firmas”, pero que “se cumpla lo que hay firmado”, dijo.

Saturnino Fernández sostuvo que “lo más normal es que saquen los programas habituales para prestar servicios” como los de orientación, igualdad, formación o inmigración, “un montón de convocatorias” que van desde la creación de empleo a ayudas a empresas. “Que saquen los programas como estaban diseñados porque nos vamos a fechas muy malas para la ejecución de los programas”. “No se puede dejar a la gente, a parados, a autónomos, a cooperativas, a empresas de inserción sin esos servicios”, dijo, para apelar a sacar las convocatorias “ya” porque si llega el verano no se podrán ejecutar.

“Ahora estamos paralizados”, denunció para exigir que salgan todos los planes de empleo local, ayudas a desempleados, y los servicios a diferentes colectivos, o las viviendas al alquiler, como estaban, con la prórroga, para después, si se quiere, debatir sobre posibles mejoras. Al respecto, manifestó que lo “lógico” es que la Junta ponga sus 120 millones para el plan de empleo, para que llegue con los fondos del Gobierno a unos 300, como en 2021, “como mínimo”.

Eso sí, dejó claro que lo que más urge es “saber qué va a hacer este Gobierno” y, sobre todo, el consejero de Empleo, Mariano Veganzones, porque de momento ni ha nombrado al viceconsejero, ni al director general de Trabajo, ni al gerente del ECyL, y no saben qué pretende hacer con el Serla, las ayudas a los ERTE y la Fundación Anclaje, el plan anual de empleo, la formación, la inmigración, la igualdad o la juventud. “Si ya hubo dificultades con Ciudadanos es de esperar más con la extrema derecha”.

Las materias

Los acuerdos suscritos que se deben cumplir, según los sindicatos, son cuatro dentro de la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el empleo 2021-2024. En concreto, con la Consejería de Empleo e Industria se pactó el Plan de Empleo 2021-2024; y el VI Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales 2021-2024; con Educación, el VI Plan General de Formación Profesional para los cursos 2021/2022 – 2024/2025; y con Familia e Igualdad de Oportunidades, el Plan de Igualdad de Género, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo 2021-2024.

Asimismo, como quinto acuerdo aparece en el listado de recordatoria remitido a la Junta, el Plan Anual de Empleo (PAECYL 2021), con las consejerías de Empleo e Industria; Educación, Familia e Igualdad de Oportunidades y Economía y Hacienda.

Los sindicatos constatan también que la Junta debe cumplir con el Acuerdo para el Desarrollo de la Política de Vivienda en 2018-2021 suscrito con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Asimismo, recuerdan que firmaron con este departamento el II Acuerdo del Diálogo Social para promover una Transición Justa frente al Cambio Climático 2021-2023; y las medidas para “El Sector Forestal, Oportunidad para la Generación de Actividad Económica y el Empleo en el Medio Rural: 2015-2022. Acuerdo para el periodo 2018-2020. Prorroga mejorada año 2022”.

Constatan las firmas con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, del acuerdo en materia de atención a las personas en situación de dependencia 2021-2023; otro en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía 2009; el de la red de protección a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León 2017; y en materia de lucha contra la violencia de género en Castilla y León.

El documento de materias también recalca la necesidad de implementar el IV Acuerdo de Competitividad e Innovación Empresarial de Castilla y León 2021-2027; y el compromiso por la calidad del empleo en la contratación de servicios de la Junta, ambos cerrados con la Consejería de Economía y Hacienda.

Los sindicatos defienden el acuerdo en materia de migraciones para la integración sociolaboral, cohesión social y convivencia intercultural para el período 2018-2021, prorrogado en 2022, con la Consejería de Presidencia. Asimismo, exigen la aplicación del acuerdo en materia de Educación para el periodo 2017-2021, con la Consejería de Educación.

Además, CCOO y UGT demandan la extensión de las competencias del servicio de relaciones laborales (Serla), firmado con la Consejería de Empleo e Industria; y por último, la aplicación del Acuerdo de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, 2016-2020, prorrogado en 2022, pactado con Economía y Hacienda y Empleo e Industria.

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